Silvia Macías M.
Chihuahua— Con el voto razonado de Acción Nacional, el pleno del Congreso del Estado aprobó ayer por unanimidad la Ley de Protección a Testigos para el Estado de Chihuahua, la cual forma parte de las cinco iniciativas en materia de seguridad que presentó el gobernador José Reyes Baeza Terrazas, en diciembre del año pasado.
Ahora sólo queda pendiente la Ley de Extinción de Dominio, que podría ser aprobada el próximo periodo ordinario de sesiones.
De acuerdo con el presidente de la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, Jorge Neaves Chacón, esa nueva normatividad es exclusivamente para proteger la integridad física de las personas que hayan sido testigos de cualquier tipo de delito, cuando realmente se compruebe que está en riesgo su vida; más, advirtió que no se trata de ningún cambio de identidad.
Detalló que “el Ministerio Público tendrá la obligación de determinar si algunos de los testigos pueda estar en riesgo su vida o la de sus familiares más cercanos”.
Por lo tanto, indicó que esa instancia tendrá la obligación de decretar las medidas cautelares, que irán desde la vigilancia policial, hasta el resguardo de la identidad, lo cual, destacó, es una de las cosas más importantes de esa ley.
En ese aspecto explicó que a los testigos protegidos se les protegerá a tal grado que no se revelará su rostro, su nombre, su domicilio o ubicación, por lo que los careos tendrán que realizarse a través de medios electrónicos, en lugares separados, procurando no enfrentarlos ni con un jurado ni con un juez, y mucho menos con el imputado.
Además, agregó que eventualmente a un testigo protegido el Estado podrá dotar de medios económicos, conseguir trabajo y establecer una nueva ubicación social en otra entidad para evitar que se dé con su paradero, siempre y cuando se establezca que corre un alto grado de peligro su vida.
La fracción parlamentaria del PAN, en voz del diputado Roberto Lara Rocha, manifestó que aprobó esa ley estando conscientes del riesgo que existe a la aplicación de la misma. Por lo tanto, indicó que ojalá que esa normatividad no sea un motivo para que el Estado cree “chivos expiatorios”.
Ahora sólo queda pendiente la Ley de Extinción de Dominio, que podría ser aprobada el próximo periodo ordinario de sesiones.
De acuerdo con el presidente de la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, Jorge Neaves Chacón, esa nueva normatividad es exclusivamente para proteger la integridad física de las personas que hayan sido testigos de cualquier tipo de delito, cuando realmente se compruebe que está en riesgo su vida; más, advirtió que no se trata de ningún cambio de identidad.
Detalló que “el Ministerio Público tendrá la obligación de determinar si algunos de los testigos pueda estar en riesgo su vida o la de sus familiares más cercanos”.
Por lo tanto, indicó que esa instancia tendrá la obligación de decretar las medidas cautelares, que irán desde la vigilancia policial, hasta el resguardo de la identidad, lo cual, destacó, es una de las cosas más importantes de esa ley.
En ese aspecto explicó que a los testigos protegidos se les protegerá a tal grado que no se revelará su rostro, su nombre, su domicilio o ubicación, por lo que los careos tendrán que realizarse a través de medios electrónicos, en lugares separados, procurando no enfrentarlos ni con un jurado ni con un juez, y mucho menos con el imputado.
Además, agregó que eventualmente a un testigo protegido el Estado podrá dotar de medios económicos, conseguir trabajo y establecer una nueva ubicación social en otra entidad para evitar que se dé con su paradero, siempre y cuando se establezca que corre un alto grado de peligro su vida.
La fracción parlamentaria del PAN, en voz del diputado Roberto Lara Rocha, manifestó que aprobó esa ley estando conscientes del riesgo que existe a la aplicación de la misma. Por lo tanto, indicó que ojalá que esa normatividad no sea un motivo para que el Estado cree “chivos expiatorios”.
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