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CIMAC.- De entrar en vigor, la visa humanitaria para migrantes víctimas de algún delito en México –estipulada en la recién aprobada Ley de Migración– sería insuficiente para garantizar que los centroamericanos denuncien crímenes en su contra por carecer de empleo, vivienda y condiciones de seguridad para permanecer en el país, hasta que culmine el proceso penal.
Por ello es necesario crear un mecanismo regional de acceso a la justicia para mujeres y hombres migrantes en tránsito, que permita la continuación del procedimiento sin que las personas tengan que permanecer en México, señaló a Cimacnoticias Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
La activista, quien actualmente documenta la desaparición masiva de mujeres y hombres migrantes en el país, refirió que sin la garantía de condiciones de vida digna para quienes han sufrido algún delito, “la visa humanitaria no va a tener impacto en el aumento de denuncias”.
Se prevé que la llamada visa humanitaria para migrantes entre en vigor a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Reglamento de la Ley de Migración, proyectada a más tardar para el próximo 21 de noviembre.
MECANISMO ALTERNATIVO
La “gran dificultad” es que la visa humanitaria obliga a las y los migrantes a quedarse en México hasta que concluya el procedimiento penal, “sin que estas personas tengan lo mínimo para sobrevivir, además de los riesgos que les implicaría denunciar al crimen organizado coludido con las policías o autoridades migratorios”, explicó la directora de la Fundación para la Justicia.
“A pesar de que el gobierno mexicano da la visa humanitaria como una de las grandes opciones para incidir en el tema de acceso a la justicia de las personas migrantes, se tiene que buscar un mecanismo alternativo para que las víctimas puedan denunciar desde sus países”, recalcó Delgadillo.
Fundación para la Justicia lleva a cabo la elaboración de este mecanismo junto con comités de madres y familiares de migrantes de Honduras y El Salvador desaparecidos en México.
Al tiempo que esta organización delinea el mecanismo de acceso a la justicia, documenta la búsqueda de las y los migrantes mexicanos desaparecidos en el norte del país relacionados con la masacre y las fosas de cadáveres encontradas en el estado de Tamaulipas.
De acuerdo con Delgadillo, su labor busca dar herramientas para que las personas migrantes tengan acceso a la justicia en un escenario en el que la corrupción de las autoridades mexicanas posibilita que las violaciones a los Derechos Humanos de las y los migrantes continúe.
La activista acusó que la “anuencia, tolerancia y hasta participación del Estado” permiten la violencia contra las personas migrantes.
Por ejemplo señaló que el Instituto Federal de Defensoría Pública y la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentan que las y los migrantes víctimas de secuestro denuncian que fueron entregados a la delincuencia organizada por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración.
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