EL PUEBLOCiudad de México.- Un sábado de enero, la gente se reunió en Tucson afuera de un supermercado con su legisladora, Gabrielle Giffords. Al lugar se acercó un joven de 20 años. De pronto, el diálogo con Giffords fue interrumpido por una ráfaga de balas. Diecinueve personas cayeron al piso. Seis murieron allí. Jared Loughner había accionado una pistola Gluck 19, una arma que jamás debieron venderle, pues tenía antecedentes de adicción a las drogas e inestabilidad emocional.
Jared adquirió el arma en una tienda legal de armas y aunque el vendedor le pidió su identificación y contrastó su nombre con la base de datos del FBI donde están los nombres de las personas que no pueden comprar armas —adictos, enfermos mentales, ex convictos, entre otras categorías— el nombre de Jared Loughner no apareció.
Hay huecos en los archivos del FBI que permiten que un asesino serial compre armas y ocurra una tragedia como la del 8 de enero de 2011 en Tucson, Arizona. Así lo demuestra la investigación “Huecos Fatales. La ausencia de expedientes en el sistema de verificación de antecedentes, coloca armas en manos de asesinos”, realizada por la organización Alcaldes contra las Armas Ilegales, que encabezan Michael Bloomberg, servidor público de Nueva York, y Thomas Menino, de Boston.
¿Por qué hay huecos en el sistema? Porque muchos estados de la Unión Americana no comparten sus listas de enfermos mentales y adictos con el sistema de Verificación Nacional Instantánea de Antecedentes Criminales (NICS por sus siglas en inglés).
Entonces esas personas pueden comprar armas libremente, como si fueran cualquier otro ciudadano, sin antecedentes negativos.
Entre los estados que no comparten los nombres de enfermos mentales con el sistema NICS, para evitar que compren armas, está California, estado donde se vendieron mil 11 armas que después fueron requisadas en México en 2009 y Arizona, punto de venta de 609 armas requisadas en nuestro país ese año.
“Millones de archivos que identifican a personas con enfermedades mentales serias y adictos, simplemente no están en el sistema (del FBI), por la forma laxa en que las agencias estatales reportan esa información”, según la investigación.
Los estados de Delawere, Alaska, Idaho, Louisiana, Massachusetts, Oregon, Pennsylvania y Rhode Island no han compartido ni un solo archivo de personas con enfermedades mentales graves con la base de datos NICS.
Es decir, cualquier persona que padezca una enfermedad mental de esos estados puede comprar un AK-47, AR-15 o cualquier arma disponible en las tiendas autorizadas para vender armamento, pues su nombre no aparece en el registro NICS.
Asegurarse de que esas personas no tengan acceso a armas es fundamental: la masacre de Virginia Tec, en abril de 2007, fue cometida por Seung Hui Cho, quien le quitó la vida a 32 personas para después suicidarse. Pero un año antes, un juez había especificado ante que Cho tenía una enfermedad mental grave.
“Sin embargo, los archivos de la enfermedad mental de Cho jamás fueron enviados al sistema NICS, por lo que Cho aprobó varios chequeos de antecedentes –en las tiendas de armas- y compró el armamento que usó en la masacre de Virginia Tec”, dice el informe.
Cuando un ciudadano estadunidense quiere comprar un arma en una tienda, el vendedor realiza una llamada a la oficina del registro NICS; en promedio la llamada es atendida en 7 segundos, después de dar el nombre del comprador, el agente del otro lado de la línea revisa la base de datos y le dice si la persona tiene un expediente limpio o no, y si puede comprar armas.
Después de la masacre de Virginia Tec y al comprobar las enormes lagunas en el sistema NICS, el FBI presionó a los estados de la Unión Americana para que entregaran los archivos con la información de personas con enfermedades mentales.
En el pasado, muchos estados no autorizaban a sus agencias estatales a compartir archivos sobre personas con padecimientos mentales con el sistema NICS y en otros casos el problema es que “hay leyes estatales de privacidad, que prohíben compartir esos archivos”.
Aunque algunas cosas han cambiado: tras la masacre de Virginia Tec, 27 estados aprobaron leyes que ya les permiten compartir sus archivos con el sistema NICS.
“La mayoría de estas leyes han ayudado a los estados a superar las barreras legales que les impedían cumplir con la obligación de compartir su información. Estados cómo Nueva York, Texas, Virginia y Washington han mejorado sustancialmente el número de archivos que comparten”, expone el informe.
Nueva York pasó de haber entregado sólo un archivo de personas con enfermedades mentales, a entregar los nombres de 160 mil personas con este problema a la base de datos de NICS y Texas pasó de cero archivos a 174 mil, gracias a la nueva legislación.
Sin embargo, aún faltan 23 estados de la Unión Americana de aprobar este tipo de leyes y empezar a compartir su información.
En entrevista, Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, comentó: “El sistema de control de venta de armas en las tiendas de Estados Unidos es la clave; tiene que haber un sistema informático unificado y no lo hay.”
Sin castigo
En un asunto tan delicado, ni siquiera existen mecanismos legales que obliguen a las autoridades estatales a cumplir con la necesidad de compartir su información, es más una cuestión de buena voluntad que de obligación legal.
Es el caso de Arizona, los archivos de pacientes con enfermedades mentales graves están en manos de los encargados de las cortes de Distrito, obligados por una ley estatal de 2002 a compartir esa información con el departamento de seguridad social.
De los 15 encargados de cortes de Distrito, hay tres que a la fecha no han entregado ninguna información relevante a la base de datos NICS y no se les puede obligar.
El informe de Alcaldes contra las Armas Ilegales asegura que 44 estados de la Unión no han compartido ni un solo archivo de personas adictas a las drogas, con la base de datos de NICS, es decir, que toda esa población con problemas de adicción puede comprar armas sin enfrentar ningún obstáculo.
“Esto a pesar de que la regulación federal establece que si existe un solo arresto por consumo de drogas o la persona admite que consumió drogas en el último año, eso la descalifica temporalmente para poseer armas. Sin embargo, la vasta mayoría de los estados de la Unión no saben que tienen que compartir esa información con el archivo NICS”, expone el informe de los alcaldes estadunidenses.
Republicanos exigen a Holder que renuncie
Un grupo de diputados republicanos propuso que el procurador general de Estados Unidos, Eric Holder, renuncie “de inmediato” por haber mentido al Congreso respecto a la fallida operación Rápido y Furioso, que permitió la venta irregular de armas a sospechosos de contrabando a México.
“El procurador general, Eric Holder, no puede eludir su responsabilidad por su participación en un programa de gobierno que condujo directamente a la trágica muerte de un agente condecorado de la Patrulla Fronteriza”, dijo el diputado Raul Labrador, republicano de Idaho. “Como principal ejecutor de los principios del derecho y la justicia en nuestro país, ha perdido credibilidad y debe renunciar de inmediato.”
Labrador y otros miembros —incluso Paul Gosar, Tim Huelskamp y Blake Farenthold— realizaron una conferencia de prensa en el Capitolio, en la que dijeron que el presidente Barack Obama debería unirse a su demanda.
“Cuando uno tiene el privilegio de dirigir el Departamento de Justicia no hay excusa para no saber lo que pasa”, dijo Huelskamp, de Kansas.
El representante Joe Walsh (republicano por Illinois) también anunció que puso a circular una carta para firma entre sus colegas, que tiene planes de enviar a la Casa Blanca, con el llamado a Obama para que pida la salida de Holder.
Farenthold, de Texas, llamó para que el procurador general “nos diga lo que sabía, nos diga que más sabía, haga lo correcto y asuma la responsabilidad de las acciones que haya autorizado”.
En el Departamento de Justicia, un portavoz dijo que los miembros en la conferencia de prensa del martes continúan fijados en “exhibicionismo partidista”, más que en los problemas graves que enfrenta la frontera sur de EU.
“Desde el principio, este fiscal general actuó de manera responsable y tomaron medidas rápidas para asegurar la rendición de cuentas cuando se plantearon dudas acerca de estas tácticas inapropiadas; pidió al inspector general que investigara y asegurar que los agentes y los fiscales sabían que tal conducta violó políticas del Departamento de Justicia y no sería tolerada”, dijo el funcionario en un comunicado.
“Lo que el pueblo estadunidense se merece es menos exhibicionismo partidista y más soluciones responsables para detener la violencia”, manifestó.
Prevén más operativos como Rápido y Furioso
A pesar de que este año se descubrió que altos funcionarios del Buró de Tabaco, Alcohol, Armas y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) permitieron el paso deliberado de dos mil armas a México en la operación Rápido y Furioso y el asunto sigue en investigación “estas cosas van a volver a suceder, es la lógica en este tipo de guerras: por un escándalo la ATF no va a dejar de investigar cómo funcionan las rutas de las armas”, dijo Raúl Benítez, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.
En entrevista, el académico expuso que lo más lógico es que la ATF perfeccione su técnica de rastreo de armas y en vez de marcarlas como lo hizo en esa operación, les coloque aparatos de GPS u otra tecnología para conocer al comprador final de las armas en México.
Expuso que “a pesar de que el buró de armas perdió el control de mil de esas armas, tienen el control de las otras mil armas, y con esa información de inteligencia pudieron saber mucho de las rutas, de cómo operan los cárteles y en manos de quién quedaron las armas en México”.
Sobre los severos cuestionamientos de derechos humanos en México y Estados Unidos por el daño provocado por las armas que pasaron con la operación Rápido y Furioso Benítez Manaut comentó que el contra argumento de la ATF, es que los cárteles mexicanos adquieren miles de armas en el mercado estadunidense, y si no hubieran sido esas armas de la operación Rápido y Furioso hubieran comprado cualesquiera otras.
Los académicos no se acaban de poner de acuerdo sobre el número exacto de pistolas y armas de alto poder que pasan cada año de Estados Unidos a México; la cifra es casi imposible de estimar, pero las estadísticas que se han presentado oscilan desde diez mil hasta más de 100 mil al año.
Por su parte Eric Olson, del Instituto México del Woodrow Wilson Center for Sholars, consideró que la operación Rápido y Furioso sí tenía la intención final de rastrear a los compradores finales.
Acerca de las posibilidades de recuperar la credibilidad de la ATF tras Rápido y Furioso, Olson consideró que podría recuperarla si se completa la investigación que realiza el inspector general del Departamento de Justicia al que pertenece la ATF, y se acata. Si la investigación es vista como objetiva y hay responsabilidades penales “se puede recuperar credibilidad”.
Sin embargo, el mismo Olson afirmó que “al parecer la investigación puede demorarse más tiempo; a medida que se esperan las conclusiones de la investigación hay riesgos, y da la impresión de que no se están moviendo de manera objetiva, no digo que eso sea así, pero da esa impresión”, expuso.
Según Benítez, ATF no perdió credibilidad por Rápido y Furioso, y en 200 años de historia ninguna agencia de EU ha estado en problemas como para ser desmantelada.
Jared adquirió el arma en una tienda legal de armas y aunque el vendedor le pidió su identificación y contrastó su nombre con la base de datos del FBI donde están los nombres de las personas que no pueden comprar armas —adictos, enfermos mentales, ex convictos, entre otras categorías— el nombre de Jared Loughner no apareció.
Hay huecos en los archivos del FBI que permiten que un asesino serial compre armas y ocurra una tragedia como la del 8 de enero de 2011 en Tucson, Arizona. Así lo demuestra la investigación “Huecos Fatales. La ausencia de expedientes en el sistema de verificación de antecedentes, coloca armas en manos de asesinos”, realizada por la organización Alcaldes contra las Armas Ilegales, que encabezan Michael Bloomberg, servidor público de Nueva York, y Thomas Menino, de Boston.
¿Por qué hay huecos en el sistema? Porque muchos estados de la Unión Americana no comparten sus listas de enfermos mentales y adictos con el sistema de Verificación Nacional Instantánea de Antecedentes Criminales (NICS por sus siglas en inglés).
Entonces esas personas pueden comprar armas libremente, como si fueran cualquier otro ciudadano, sin antecedentes negativos.
Entre los estados que no comparten los nombres de enfermos mentales con el sistema NICS, para evitar que compren armas, está California, estado donde se vendieron mil 11 armas que después fueron requisadas en México en 2009 y Arizona, punto de venta de 609 armas requisadas en nuestro país ese año.
“Millones de archivos que identifican a personas con enfermedades mentales serias y adictos, simplemente no están en el sistema (del FBI), por la forma laxa en que las agencias estatales reportan esa información”, según la investigación.
Los estados de Delawere, Alaska, Idaho, Louisiana, Massachusetts, Oregon, Pennsylvania y Rhode Island no han compartido ni un solo archivo de personas con enfermedades mentales graves con la base de datos NICS.
Es decir, cualquier persona que padezca una enfermedad mental de esos estados puede comprar un AK-47, AR-15 o cualquier arma disponible en las tiendas autorizadas para vender armamento, pues su nombre no aparece en el registro NICS.
Asegurarse de que esas personas no tengan acceso a armas es fundamental: la masacre de Virginia Tec, en abril de 2007, fue cometida por Seung Hui Cho, quien le quitó la vida a 32 personas para después suicidarse. Pero un año antes, un juez había especificado ante que Cho tenía una enfermedad mental grave.
“Sin embargo, los archivos de la enfermedad mental de Cho jamás fueron enviados al sistema NICS, por lo que Cho aprobó varios chequeos de antecedentes –en las tiendas de armas- y compró el armamento que usó en la masacre de Virginia Tec”, dice el informe.
Cuando un ciudadano estadunidense quiere comprar un arma en una tienda, el vendedor realiza una llamada a la oficina del registro NICS; en promedio la llamada es atendida en 7 segundos, después de dar el nombre del comprador, el agente del otro lado de la línea revisa la base de datos y le dice si la persona tiene un expediente limpio o no, y si puede comprar armas.
Después de la masacre de Virginia Tec y al comprobar las enormes lagunas en el sistema NICS, el FBI presionó a los estados de la Unión Americana para que entregaran los archivos con la información de personas con enfermedades mentales.
En el pasado, muchos estados no autorizaban a sus agencias estatales a compartir archivos sobre personas con padecimientos mentales con el sistema NICS y en otros casos el problema es que “hay leyes estatales de privacidad, que prohíben compartir esos archivos”.
Aunque algunas cosas han cambiado: tras la masacre de Virginia Tec, 27 estados aprobaron leyes que ya les permiten compartir sus archivos con el sistema NICS.
“La mayoría de estas leyes han ayudado a los estados a superar las barreras legales que les impedían cumplir con la obligación de compartir su información. Estados cómo Nueva York, Texas, Virginia y Washington han mejorado sustancialmente el número de archivos que comparten”, expone el informe.
Nueva York pasó de haber entregado sólo un archivo de personas con enfermedades mentales, a entregar los nombres de 160 mil personas con este problema a la base de datos de NICS y Texas pasó de cero archivos a 174 mil, gracias a la nueva legislación.
Sin embargo, aún faltan 23 estados de la Unión Americana de aprobar este tipo de leyes y empezar a compartir su información.
En entrevista, Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, comentó: “El sistema de control de venta de armas en las tiendas de Estados Unidos es la clave; tiene que haber un sistema informático unificado y no lo hay.”
Sin castigo
En un asunto tan delicado, ni siquiera existen mecanismos legales que obliguen a las autoridades estatales a cumplir con la necesidad de compartir su información, es más una cuestión de buena voluntad que de obligación legal.
Es el caso de Arizona, los archivos de pacientes con enfermedades mentales graves están en manos de los encargados de las cortes de Distrito, obligados por una ley estatal de 2002 a compartir esa información con el departamento de seguridad social.
De los 15 encargados de cortes de Distrito, hay tres que a la fecha no han entregado ninguna información relevante a la base de datos NICS y no se les puede obligar.
El informe de Alcaldes contra las Armas Ilegales asegura que 44 estados de la Unión no han compartido ni un solo archivo de personas adictas a las drogas, con la base de datos de NICS, es decir, que toda esa población con problemas de adicción puede comprar armas sin enfrentar ningún obstáculo.
“Esto a pesar de que la regulación federal establece que si existe un solo arresto por consumo de drogas o la persona admite que consumió drogas en el último año, eso la descalifica temporalmente para poseer armas. Sin embargo, la vasta mayoría de los estados de la Unión no saben que tienen que compartir esa información con el archivo NICS”, expone el informe de los alcaldes estadunidenses.
Republicanos exigen a Holder que renuncie
Un grupo de diputados republicanos propuso que el procurador general de Estados Unidos, Eric Holder, renuncie “de inmediato” por haber mentido al Congreso respecto a la fallida operación Rápido y Furioso, que permitió la venta irregular de armas a sospechosos de contrabando a México.
“El procurador general, Eric Holder, no puede eludir su responsabilidad por su participación en un programa de gobierno que condujo directamente a la trágica muerte de un agente condecorado de la Patrulla Fronteriza”, dijo el diputado Raul Labrador, republicano de Idaho. “Como principal ejecutor de los principios del derecho y la justicia en nuestro país, ha perdido credibilidad y debe renunciar de inmediato.”
Labrador y otros miembros —incluso Paul Gosar, Tim Huelskamp y Blake Farenthold— realizaron una conferencia de prensa en el Capitolio, en la que dijeron que el presidente Barack Obama debería unirse a su demanda.
“Cuando uno tiene el privilegio de dirigir el Departamento de Justicia no hay excusa para no saber lo que pasa”, dijo Huelskamp, de Kansas.
El representante Joe Walsh (republicano por Illinois) también anunció que puso a circular una carta para firma entre sus colegas, que tiene planes de enviar a la Casa Blanca, con el llamado a Obama para que pida la salida de Holder.
Farenthold, de Texas, llamó para que el procurador general “nos diga lo que sabía, nos diga que más sabía, haga lo correcto y asuma la responsabilidad de las acciones que haya autorizado”.
En el Departamento de Justicia, un portavoz dijo que los miembros en la conferencia de prensa del martes continúan fijados en “exhibicionismo partidista”, más que en los problemas graves que enfrenta la frontera sur de EU.
“Desde el principio, este fiscal general actuó de manera responsable y tomaron medidas rápidas para asegurar la rendición de cuentas cuando se plantearon dudas acerca de estas tácticas inapropiadas; pidió al inspector general que investigara y asegurar que los agentes y los fiscales sabían que tal conducta violó políticas del Departamento de Justicia y no sería tolerada”, dijo el funcionario en un comunicado.
“Lo que el pueblo estadunidense se merece es menos exhibicionismo partidista y más soluciones responsables para detener la violencia”, manifestó.
Prevén más operativos como Rápido y Furioso
A pesar de que este año se descubrió que altos funcionarios del Buró de Tabaco, Alcohol, Armas y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) permitieron el paso deliberado de dos mil armas a México en la operación Rápido y Furioso y el asunto sigue en investigación “estas cosas van a volver a suceder, es la lógica en este tipo de guerras: por un escándalo la ATF no va a dejar de investigar cómo funcionan las rutas de las armas”, dijo Raúl Benítez, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.
En entrevista, el académico expuso que lo más lógico es que la ATF perfeccione su técnica de rastreo de armas y en vez de marcarlas como lo hizo en esa operación, les coloque aparatos de GPS u otra tecnología para conocer al comprador final de las armas en México.
Expuso que “a pesar de que el buró de armas perdió el control de mil de esas armas, tienen el control de las otras mil armas, y con esa información de inteligencia pudieron saber mucho de las rutas, de cómo operan los cárteles y en manos de quién quedaron las armas en México”.
Sobre los severos cuestionamientos de derechos humanos en México y Estados Unidos por el daño provocado por las armas que pasaron con la operación Rápido y Furioso Benítez Manaut comentó que el contra argumento de la ATF, es que los cárteles mexicanos adquieren miles de armas en el mercado estadunidense, y si no hubieran sido esas armas de la operación Rápido y Furioso hubieran comprado cualesquiera otras.
Los académicos no se acaban de poner de acuerdo sobre el número exacto de pistolas y armas de alto poder que pasan cada año de Estados Unidos a México; la cifra es casi imposible de estimar, pero las estadísticas que se han presentado oscilan desde diez mil hasta más de 100 mil al año.
Por su parte Eric Olson, del Instituto México del Woodrow Wilson Center for Sholars, consideró que la operación Rápido y Furioso sí tenía la intención final de rastrear a los compradores finales.
Acerca de las posibilidades de recuperar la credibilidad de la ATF tras Rápido y Furioso, Olson consideró que podría recuperarla si se completa la investigación que realiza el inspector general del Departamento de Justicia al que pertenece la ATF, y se acata. Si la investigación es vista como objetiva y hay responsabilidades penales “se puede recuperar credibilidad”.
Sin embargo, el mismo Olson afirmó que “al parecer la investigación puede demorarse más tiempo; a medida que se esperan las conclusiones de la investigación hay riesgos, y da la impresión de que no se están moviendo de manera objetiva, no digo que eso sea así, pero da esa impresión”, expuso.
Según Benítez, ATF no perdió credibilidad por Rápido y Furioso, y en 200 años de historia ninguna agencia de EU ha estado en problemas como para ser desmantelada.
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