Dos de las 12 personas detenidas la semana pasada en la comunidad de LeBarón tras el incidente donde murió un militar, fueron acusados formalmente por el Ministerio Público Federal (MPF) ante el Juzgado Noveno de Distrito por el delito de homicidio calificado.
A los 10 restantes les fueron formuladas imputaciones por encubrimiento y posesión de armas de fuego, delitos por los que el magistrado fijó una fianza de 15 mil 500 pesos a cada uno, lo que les permitió quedar en libertad en el transcurso de la tarde de ayer.
Las consignaciones ante esa instancia de justicia, se dieron pese a que el probable responsable, un trabajador del rancho Las Tortugas, se encuentra libre y por el cual la comunidad de LeBarón ofreció el pasado fin de semana su entrega a cambio de un trato justo y apegado a derecho.
óscar LeBarón González y Daniel LeBarón González, fueron acusados de homicidio calificado y al comparecer ayer ante el juez, pidieron la duplicidad del término constitucional para que su situación jurídica sea resuelta y poder ofrecer pruebas de inocencia, por lo que permanecerán internados en uno de los Ceresos de la ciudad.
Yaneth Eunice Ortiz Pérez, Dalila Barraza Piñón, Aurora Selene de la Cruz ávalos, Blanca Rocío Jurado Carballo, Herminio Corral Ortega, Remigio Romero Vega, Claudia Ruiz Rodríguez, Susana Lucero Vargas Domínguez, Dalila Karina Piñón Baca y Ryan Antonio LeBarón fueron acusados de encubrimiento y posesión de armas de fuego, por lo que alcanzaron el beneficio de la fianza.
En la audiencia de ayer, los acusados ratificaron declaraciones que previamente rindieron ante la Séptima Agencia del Ministerio Público Federal y en las que negaban haber dado muerte al militar y en las que señalaron que nunca dispararon armas de fuego.
En el expediente el MPF informó al juez que practicó la pruebas químicas a Daniel y óscar LeBarón González en dos ocasiones para comprobar si dispararon armas, una el viernes 9 de octubre y otra al día siguiente, pero de acuerdo con el abogado defensor Oviedo Baca, los resultados son inverosímiles ya que la primera pericial practicada horas después de los hechos, resultó negativa, mientras que la segunda realizada el 10 de octubre dio positiva.
Además, al menos cuatro de los detenidos no estuvieron presentes en el lugar de los hechos y fueron arrestados en lugares distintos, lo cual fue señalado al juez durante la comparecencia que tuvieron ayer.
Tras una rejilla, óscar LeBarón, acusado de homicidio, manifestó que fue detenido en su domicilio ubicado a 300 metros del rancho La Tortuga, cuando se encontraba en compañía de su esposa, sus hijos y su cuñada en una carne asada.
Indicó que escuchó los disparos, pero pensó que se trataba de cazadores y siguió con el convivio familiar hasta que los militares irrumpieron en su domicilio para detenerlo.
De esa versión, la defensa aportará pruebas en los siguientes días al juez federal con la comparecencia de testigos.
En el caso de las mujeres, en sus declaraciones coincidieron en señalar que acudieron invitadas a una fiesta en el rancho Las Tortugas donde permanecieron en el exterior de la casa principal.
Ahí, escucharon a eso de las 11:00 de la noche del jueves, disparos de arma de fuego y se tiraron al suelo.
Señalaron que en todo momento tuvieron a la vista a Daniel LeBarón González, –el segundo acusado de homicidio calificado– y que en ningún momento lo vieron disparar armas de fuego.
“Al escuchar los balazos nos tiramos al piso, después llegaron los soldados y nos llevaron a todos”, dijo Blanca Rocía Jurado.
A preguntas realizadas por su abogado defensor, respondió que nunca supo nada del enfrentamiento y siempre tuvo a la vista a Daniel LeBarón.
Otro de los arrestados, Hermino Corral Ojeda, de profesión ingeniero, dijo que fue detenido en un hotel del municipio de Galeana donde se hospeda mientras cumple con un contrato realizado con los propietarios del rancho Las Tortugas.
Declaró que acudió en la tarde a ver a sus clientes pero como se desarrollaba una fiesta decidió retirarse y al día siguiente a las 3:00 de la mañana los militares tocaron la puerta de su hotel y lo detuvieron.
En el caso de Remigio Romero, uno de los trabajadores del rancho, declaró que fue detenido en su domicilio en el mismo municipio de Galeana y que no estuvo presente durante los hechos en los que perdió la vida un militar.
Sobre el caso, el abogado defensor, Oviedo Baca, explicó que el Ministerio Público carece de pruebas sustanciales para acusar a sus defendidos ya que además de presentar dos pruebas para probar que dispararon armas de fuego que se contradicen, no presenta las ojivas que causaron la muerte al soldado, ni casquillos percutidos.
No obstante, señaló que las armas localizadas en el rancho responden a la lógica del clima de violencia que se generó en la región y que cobró la vida del activista antisecuestros Benjamín LeBarón y de su cuñado Luis Widmar.
“Resulta ilógico pensar que no tengan que defenderse cuando ya les han matado miembros de la comunidad”, dijo.
Señaló que el presunto autor de la muerte del militar, se encuentra libre y amparado pero en su caso se configura la excluyente de responsabilidad por la forma en que irrumpieron los soldados en la propiedad privada, sin permiso y sin orden de cateo.
De esto último, indicó que, se solicitará al juez Federal que del expediente consignado por el MPF se abra una averiguación por los delitos de allanamiento de morada e intento de homicidio en contra de los ocupantes del rancho.
También, se pedirá por separado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) su intervención.
Por su parte, en la averiguación consignada, el MPF informó al magistrado la denuncia de hechos presentada por el Ejército por la muerte del soldado Carlos Alberto Vázquez González, la cual fue hecha pública el fin de semana por la Sedena.
En la querella se indica que el personal militar al estar efectuando patrullajes nocturnos en dos vehículos oficiales, en inmediaciones del poblado de LeBarón municipio de Galeana, a la altura del rancho Las Tortugas, se percató de que en una brecha aledaña al citado rancho circulaba una camioneta pick up, cuyos ocupantes al notar la presencia militar, apagaron las luces y cambiaron de dirección”.
Añade: “Por lo que para interceptarla se dividió en dos fuerzas, un vehículo se dirigió a una brecha cercana y el otro vehículo se quedó estacionado frente al mencionado rancho, escuchándose una detonación de arma de fuego que provenía del interior de dicho inmueble, dirigida hacia el personal militar, por lo que se procedió a adoptar las medidas de seguridad para evitar ser alcanzado por algún proyectil de arma de fuego; toda vez que se presentaron 4 detonaciones más dirigidas hacia el personal militar”.
Como resultado de esta agresión, perdió la vida el soldado de Infantería Carlos Alberto Vázquez González y resultó herido el cabo de Infantería Pablo Santos Romero.
A los 10 restantes les fueron formuladas imputaciones por encubrimiento y posesión de armas de fuego, delitos por los que el magistrado fijó una fianza de 15 mil 500 pesos a cada uno, lo que les permitió quedar en libertad en el transcurso de la tarde de ayer.
Las consignaciones ante esa instancia de justicia, se dieron pese a que el probable responsable, un trabajador del rancho Las Tortugas, se encuentra libre y por el cual la comunidad de LeBarón ofreció el pasado fin de semana su entrega a cambio de un trato justo y apegado a derecho.
óscar LeBarón González y Daniel LeBarón González, fueron acusados de homicidio calificado y al comparecer ayer ante el juez, pidieron la duplicidad del término constitucional para que su situación jurídica sea resuelta y poder ofrecer pruebas de inocencia, por lo que permanecerán internados en uno de los Ceresos de la ciudad.
Yaneth Eunice Ortiz Pérez, Dalila Barraza Piñón, Aurora Selene de la Cruz ávalos, Blanca Rocío Jurado Carballo, Herminio Corral Ortega, Remigio Romero Vega, Claudia Ruiz Rodríguez, Susana Lucero Vargas Domínguez, Dalila Karina Piñón Baca y Ryan Antonio LeBarón fueron acusados de encubrimiento y posesión de armas de fuego, por lo que alcanzaron el beneficio de la fianza.
En la audiencia de ayer, los acusados ratificaron declaraciones que previamente rindieron ante la Séptima Agencia del Ministerio Público Federal y en las que negaban haber dado muerte al militar y en las que señalaron que nunca dispararon armas de fuego.
En el expediente el MPF informó al juez que practicó la pruebas químicas a Daniel y óscar LeBarón González en dos ocasiones para comprobar si dispararon armas, una el viernes 9 de octubre y otra al día siguiente, pero de acuerdo con el abogado defensor Oviedo Baca, los resultados son inverosímiles ya que la primera pericial practicada horas después de los hechos, resultó negativa, mientras que la segunda realizada el 10 de octubre dio positiva.
Además, al menos cuatro de los detenidos no estuvieron presentes en el lugar de los hechos y fueron arrestados en lugares distintos, lo cual fue señalado al juez durante la comparecencia que tuvieron ayer.
Tras una rejilla, óscar LeBarón, acusado de homicidio, manifestó que fue detenido en su domicilio ubicado a 300 metros del rancho La Tortuga, cuando se encontraba en compañía de su esposa, sus hijos y su cuñada en una carne asada.
Indicó que escuchó los disparos, pero pensó que se trataba de cazadores y siguió con el convivio familiar hasta que los militares irrumpieron en su domicilio para detenerlo.
De esa versión, la defensa aportará pruebas en los siguientes días al juez federal con la comparecencia de testigos.
En el caso de las mujeres, en sus declaraciones coincidieron en señalar que acudieron invitadas a una fiesta en el rancho Las Tortugas donde permanecieron en el exterior de la casa principal.
Ahí, escucharon a eso de las 11:00 de la noche del jueves, disparos de arma de fuego y se tiraron al suelo.
Señalaron que en todo momento tuvieron a la vista a Daniel LeBarón González, –el segundo acusado de homicidio calificado– y que en ningún momento lo vieron disparar armas de fuego.
“Al escuchar los balazos nos tiramos al piso, después llegaron los soldados y nos llevaron a todos”, dijo Blanca Rocía Jurado.
A preguntas realizadas por su abogado defensor, respondió que nunca supo nada del enfrentamiento y siempre tuvo a la vista a Daniel LeBarón.
Otro de los arrestados, Hermino Corral Ojeda, de profesión ingeniero, dijo que fue detenido en un hotel del municipio de Galeana donde se hospeda mientras cumple con un contrato realizado con los propietarios del rancho Las Tortugas.
Declaró que acudió en la tarde a ver a sus clientes pero como se desarrollaba una fiesta decidió retirarse y al día siguiente a las 3:00 de la mañana los militares tocaron la puerta de su hotel y lo detuvieron.
En el caso de Remigio Romero, uno de los trabajadores del rancho, declaró que fue detenido en su domicilio en el mismo municipio de Galeana y que no estuvo presente durante los hechos en los que perdió la vida un militar.
Sobre el caso, el abogado defensor, Oviedo Baca, explicó que el Ministerio Público carece de pruebas sustanciales para acusar a sus defendidos ya que además de presentar dos pruebas para probar que dispararon armas de fuego que se contradicen, no presenta las ojivas que causaron la muerte al soldado, ni casquillos percutidos.
No obstante, señaló que las armas localizadas en el rancho responden a la lógica del clima de violencia que se generó en la región y que cobró la vida del activista antisecuestros Benjamín LeBarón y de su cuñado Luis Widmar.
“Resulta ilógico pensar que no tengan que defenderse cuando ya les han matado miembros de la comunidad”, dijo.
Señaló que el presunto autor de la muerte del militar, se encuentra libre y amparado pero en su caso se configura la excluyente de responsabilidad por la forma en que irrumpieron los soldados en la propiedad privada, sin permiso y sin orden de cateo.
De esto último, indicó que, se solicitará al juez Federal que del expediente consignado por el MPF se abra una averiguación por los delitos de allanamiento de morada e intento de homicidio en contra de los ocupantes del rancho.
También, se pedirá por separado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) su intervención.
Por su parte, en la averiguación consignada, el MPF informó al magistrado la denuncia de hechos presentada por el Ejército por la muerte del soldado Carlos Alberto Vázquez González, la cual fue hecha pública el fin de semana por la Sedena.
En la querella se indica que el personal militar al estar efectuando patrullajes nocturnos en dos vehículos oficiales, en inmediaciones del poblado de LeBarón municipio de Galeana, a la altura del rancho Las Tortugas, se percató de que en una brecha aledaña al citado rancho circulaba una camioneta pick up, cuyos ocupantes al notar la presencia militar, apagaron las luces y cambiaron de dirección”.
Añade: “Por lo que para interceptarla se dividió en dos fuerzas, un vehículo se dirigió a una brecha cercana y el otro vehículo se quedó estacionado frente al mencionado rancho, escuchándose una detonación de arma de fuego que provenía del interior de dicho inmueble, dirigida hacia el personal militar, por lo que se procedió a adoptar las medidas de seguridad para evitar ser alcanzado por algún proyectil de arma de fuego; toda vez que se presentaron 4 detonaciones más dirigidas hacia el personal militar”.
Como resultado de esta agresión, perdió la vida el soldado de Infantería Carlos Alberto Vázquez González y resultó herido el cabo de Infantería Pablo Santos Romero.
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