Martha Elba Figueroa
Distrito Federal— La Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazó un exhorto presentado por el Partido Acción Nacional (PAN) con el que se pretendía hacer un llamado al gobierno estatal de Chihuahua a respetar y hacer valer la correcta aplicación de la ley y la defensa de los derechos humanos, lo cual fue vinculado con el caso del ex alcalde Juan Blanco Zaldívar.
Los legisladores federales consideraron que no tenían elementos de juicio que permitieran “reconocer que el gobierno del Estado de Chihuahua, no respeta o no hace valer la correcta aplicación de la ley y la defensa de los derechos humanos, (por lo que) consideramos que no es de aceptarse el Primer resolutivo de la Proposición presentada”.
El punto de acuerdo propuesto fue presentado por el diputado panista Carlos Reyes López el pasado 17 de junio, en donde recordó los dichos de la senadora Teresa Ortuño Gurza, también del PAN, en los cuales aseguró que “en Chihuahua se protege al crimen organizado por acción o por omisión.
“Y en lugar de recibir una respuesta con información y argumentos sustentados en la verdad para desmentir su dicho, la reacción por parte del gobernador (José Reyes Baeza Terrazas) nuevamente fue inmediata, interpuso una demanda por 100 millones de pesos bajo el argumento de que se le estaba causando un daño moral”, se aseguró en el documento puesto a consideración de la Asamblea en ese entonces.
La petición en la que han insistido los legisladores de Acción Nacional, destacó el legislador federal por Chihuahua, es la de contar con información verdadera que nos lleve a crear espacios de esperanza para el futuro. Sin embargo, dijo, la respuesta por parte de las autoridades, tienen por objeto contener a todas las voces libres, que señalan lo que sucede en la entidad.
Luego de realizar el análisis y discusión del punto de acuerdo presentado, la Primera Comisión, encargada de analizar los asuntos de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, a donde fue turnado el documento, afirmó que “como en otras ocasiones, nos pronunciamos por el respeto irrestricto al estado de derecho, como única vía de convivencia social armónica; considerando que nadie debe estar exento de la acción de la justicia”.
A pesar de ello, el órgano legislativo aclaró que no se tenían elementos de juicio para sustentar la aseveración de que en Chihuahua no existe una correcta aplicación de la ley y un respeto por los derechos humanos.
Los legisladores federales consideraron que no tenían elementos de juicio que permitieran “reconocer que el gobierno del Estado de Chihuahua, no respeta o no hace valer la correcta aplicación de la ley y la defensa de los derechos humanos, (por lo que) consideramos que no es de aceptarse el Primer resolutivo de la Proposición presentada”.
El punto de acuerdo propuesto fue presentado por el diputado panista Carlos Reyes López el pasado 17 de junio, en donde recordó los dichos de la senadora Teresa Ortuño Gurza, también del PAN, en los cuales aseguró que “en Chihuahua se protege al crimen organizado por acción o por omisión.
“Y en lugar de recibir una respuesta con información y argumentos sustentados en la verdad para desmentir su dicho, la reacción por parte del gobernador (José Reyes Baeza Terrazas) nuevamente fue inmediata, interpuso una demanda por 100 millones de pesos bajo el argumento de que se le estaba causando un daño moral”, se aseguró en el documento puesto a consideración de la Asamblea en ese entonces.
La petición en la que han insistido los legisladores de Acción Nacional, destacó el legislador federal por Chihuahua, es la de contar con información verdadera que nos lleve a crear espacios de esperanza para el futuro. Sin embargo, dijo, la respuesta por parte de las autoridades, tienen por objeto contener a todas las voces libres, que señalan lo que sucede en la entidad.
Luego de realizar el análisis y discusión del punto de acuerdo presentado, la Primera Comisión, encargada de analizar los asuntos de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, a donde fue turnado el documento, afirmó que “como en otras ocasiones, nos pronunciamos por el respeto irrestricto al estado de derecho, como única vía de convivencia social armónica; considerando que nadie debe estar exento de la acción de la justicia”.
A pesar de ello, el órgano legislativo aclaró que no se tenían elementos de juicio para sustentar la aseveración de que en Chihuahua no existe una correcta aplicación de la ley y un respeto por los derechos humanos.
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