El Heraldo
Chihuahua, Chihuahua.- Por los delitos de evasión de reos fueron suspendidos y sometidos a investigación el director del Cereso, Celso Mariano Márquez Peña y el subdirector de la Unidad de Bajo Riesgo (UBR), Jesús Antonio González Barreno, además de dos doctores y 13 elementos del Cereso.
En el lugar de Celso Mariano Márquez fue designado César Martínez, quien se venía desempeñando como director de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.La investigación fue anunciada por el secretario de Seguridad Pública Estatal, Javier Torres Cardona y la procuradora general de Justicia, Patricia González Rodríguez.Torres Cardona aseguró que no va renunciar a la dependencia, ya que considera que lejos de hacer esto, lo que tiene que hacer es dar la cara a la sociedad.Javier Torres Cardona informó que están suspendidos y sujetos a investigación los siguientes funcionarios de la UBR: comandante Guillermo Portillo Cereceres, coordinador de Seguridad y Custodia; Édgar Lucero Ronquillo, subcoordinador de Seguridad y Custodia; los jefes de turno Jesús Manuel Gómez Baylón, Jesús Ramón Álvarez Luna y Jesús Manuel Rubio Martínez.
El excoordinador de la UBR, Jesús Fierro Salcido; el coordinador médico Mario Alcázar Hernández y Manuel García Medina, médico del Centro de Reinserción Social (Cereso).También los custodios Arturo Manzanares Mendoza; Juan Francisco Aguirre Rodríguez; Humberto Alonso Montes Orozco; Víctor Manuel Hernández Jordán; Rafael Maldonado Urquidi, Javier Araujo Díaz y Bernardino Chavira.
El segundo delito que se les imputa, de acuerdo al artículo 299 fracción segunda del Código Penal, es el de "delitos contra el adecuado desarrollo de la justicia cometido por servidores públicos en el ámbito de la ejecución de penas".
Lo anterior se informó en una rueda de prensa conjunta ofrecida por el secretario general de Gobierno Sergio Granados Pineda, la procuradora de Justicia Patricia González y Javier Torres Cardona, secretario de Seguridad Pública Estatal.
La procuradora general de Justicia del Estado, Patricia González Rodríguez, aseguró que lo primero que procede en este caso es el cese de los funcionarios del Cereso en tanto concluyen las investigaciones por la probable responsabilidad en los delitos de violación al adecuado desarrollo de la acción de la justicia y evasión de presos, aplicable al director del Cereso Estatal de Aquiles Serdán y al subdirector de la Unidad de Bajo Riesgo, además de a 16 funcionarios públicos más.
También se abrió expediente de investigación al médico tratante Enrique Ogaz Garza por el posible delito de encubrimiento por favorecimiento, quien fue el que solicitó el traslado del interno al hospital Cima por una emergencia médica, así como a sus colegas Raúl Torres Aldana y Héctor Noé Bazaldúa Ávila, que apoyaron el diagnóstico.
Otro asunto que se busca esclarecer es el probable otorgamiento indebido de privilegios por beneficiar y permitir la salida temporal del interno Crispín Borunda, quien enfrentaba prisión preventiva por un asunto de orden federal y una solicitud de extradición del gobierno norteamericano a la Dirección General de Extradiciones de la PGR.El secretario de Seguridad Pública Estatal, Javier Torres Cardona, precisó que el Cereso localizado en la calle 20 de Noviembre de esta ciudad de Chihuahua se ha denominado tradicionalmente de bajo riesgo, toda vez que era ocupado por personas sentenciadas y procesadas del sexo femenino.
Una vez que fue construido el Cereso de Aquiles Serdán se le siguió dando el nombre de Unidad de Bajo Riesgo, no porque así fuera en realidad. Indicó que a pesar de dicha denominación, este Cereso cuenta con los mecanismos, instalaciones y procedimientos que todo centro penitenciario tiene por propia naturaleza y, sobre todo, con respecto a las limitaciones propias de sus instalaciones.
Señaló que la fuga del señor Crispín Borunda no ocurrió en el Centro de Readaptación de referencia, sino de un hospital privado en donde permanecía por indicaciones médicas. El procedimiento y magnitud de las operaciones de seguridad en dicho centro fueron las normales establecidas en los protocolos respectivos.
Por su parte, Patricia González Rodríguez aseguró que la investigación que lleva a cabo la Procuraduría consiste en determinar si existieron irregularidades en el seguimiento de dichos procesos y en el número de agentes de custodia que deberían haberlo resguardado y con ello evitado un incidente como el ocurrido.
Por último, los tres funcionarios manifestaron que las investigaciones de este caso continuarán conforme a derecho y se aplicarán las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables.
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