El Heraldo
Chihuahua, Chihuahua.- Acción Nacional protege a un criminal que busca evadir la ley y arroparse en el fuero constitucional para evitar afrontar las consecuencias de su corrupción, afirmó ayer el regidor panista Eduardo Mendoza.
En entrevista con El Heraldo de Chihuahua, señaló que la hora de Juan Blanco llegó. "Es momento de que enfrente las consecuencias de sus actos y deje de esconderse bajo las faldas de los panistas", dijo.
Señaló que a dos años de haber expuesto uno de los más grandes fraudes en la historia del Ayuntamiento de Chihuahua, ahora la justicia actúa para ofrecerle la razón y refrenda que haber exhibido a uno de sus correligionarios, para cumplir con su obligación ante los ciudadanos, no fue una equivocación.
"Hoy puedo decir que cumplí con mi trabajo", resaltó Mendoza.Mártir:El hecho de que Juan Blanco tenga que recurrir al amparo para salir a las calles y mantener sus aspiraciones políticas a flote, indicó Mendoza, revela que la investigación ha llegado a un punto definitivo, que el mismo exalcalde pudo haber evitado si hubiese impedido que el caso llegara a sus últimas consecuencias.
"Nunca se quiso defender, aspiró a convertirse en mártir y ahora ya no tiene salvavidas", opinó.Declaró que tras la revisión a la Cuenta Pública 2006 del Ayuntamiento de Chihuahua, Blanco tuvo la opción de resolver, como presidente municipal, las observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado, instancia que le ofreció quince días para corroborar que nunca participó de las irregularidades detectadas.Consideró que eso llevó al empresario a alegar en su defensa que era un perseguido político, más con palabras que con pruebas fehacientes de que el Gobierno del Estado quería desprestigiarlo.
"Desde entonces su defensa no ha sido más que un monólogo", manifestó.Narró que luego de que la Auditoría Superior le brindó la oportunidad de arreglar las discrepancias, Blanco tuvo una alternativa procesal más para probar las "mentiras" que el Congreso del Estado ratificó y turnó a la Procuraduría General de Justicia en el Estado para que ésta determinase si había alguna responsabilidad penal.
Comentó que tampoco en esa ocasión presentó los documentos que probasen su inocencia y permitió luego a los diputados que le apoyan decir burlonamente que el caso ya había quedado en el olvido, demeritando la acción de las justicia."Incluso el diputado Roberto Lara, involucrado también, se atrevió a decir que el caso era como la Carta a Eufemia -popular canción mexicana-, cuando el Derecho menciona que la ley tiene que aplicarse a todos por igual, orillando a Blanco ahora a ampararse para evitar ser detenido", comunicó.
"El peor de sus razonamientos fue haber creído que por ser Juan Blanco, la ley no iba a alcanzarlo", agregó.Fuero:"Si la orden de amparo fue liberada, Juan debe estar pensando en ampararse para no ser detenido", precisó.
Empero, para Mendoza, Blanco piensa mucho más en el amparo que por tres años le expedirían los votantes en caso de que se vea favorecido por el voto ciudadano en los comicios del 5 de julio próximo."Su defensa ha sido tan débil que en cualquier momento la autoridad va a detenerlo, por eso necesita del fuero constitucional para evitar la cárcel", declaró.
Dijo que los argumentos en torno a que la consignación del expediente al Juzgado Cuarto se presenta en una época electoral carecen de validez alguna ante una situación meramente jurídica, la cual no será detenida únicamente porque un partido sale a declarar públicamente que el trasfondo es un "revanchismo político".
"El trasfondo es que hace más de dos años empezó un proceso penal que ha caminado lento, precisamente por las presiones políticas de Acción Nacional. El caso ha tomado fuerza en la medida en que se han desarrollado las investigaciones y obtenido las declaraciones de los involucrados, quienes señalan haber recibido órdenes directas de Blanco para que caminase la licitación del Relleno Sanitario", expuso.
Consideró que la intervención de todos los partidos políticos en el asunto, diputados, regidores, abogados, entre otros más, generó entre las personas la perspectiva de que un solo instituto político se había interesado en hacer tropezar a Blanco Zaldívar."Le salieron muchos papás al niño y se olvidó que un regidor del PAN presentó la denuncia, presentó las pruebas y al final fue expulsado de su propio partido, aunque todavía tengo la posibilidad de votar en la próxima elección interna, porque sigo siendo parte del padrón.
Seguro que no voy a hacerlo por Blanco", dijo.Reflexionó que es extraño que mientras al principio de las indagatorias el exalcalde gritó a los cuatro vientos que la Procuraduría se negó a declararlo o aprehenderlo, ahora que sucede, cuando existen elementos para fundamentar su presunta responsabilidad por el delito de cohecho, aportados por sus mismos allegados, siga sin aportar pruebas a su favor.
"Hoy los chihuahuenses estamos viendo que la ley no sólo se aplica entre los ciudadanos comunes, sino que también a un exalcalde influyente, precandidato o candidato, el cual pretende confrontar a los ciudadanos con sus autoridades alegando una persecución política", comentó."Vemos que el tema del Relleno Sanitario llega a su final", abundó.
Cohecho:Exteriorizó que Blanco quiso asemejarse a Andrés Manuel López Obrador, sin tomar en cuenta que las acusaciones en su contra son tan graves que ni siquiera alcanzaron para que el Congreso del Estado pasara por alto lo ocurrido, tal como lo ha hecho en otros casos a lo largo de los años.
Esto último, razón por la que probablemente se quede en el camino rumbo a la elección por perder su derecho a ser votado, si el juez Rodolfo Romano determina que hay justificación para dictarle un auto de formal prisión, concluyendo que el otrora servidor público es culpable por el delito de cohecho.Este último, conforme al Código Penal de Chihuahua, mismo que sucede cuando el servidor público que por sí o por interpósita persona, indebidamente solicite, exija o reciba dinero o cualquier cosa, o acepte una promesa directa o indirecta para hacer u omitir algo justo o injusto, relacionado con sus funciones.
Dicho ilícito, a comprobarse por Armando Acosta, uno de los involucrados en el caso, quien anunció que presentará los documentos necesarios para demostrar el tiempo y la forma en que Juan Blanco recibió los 5 millones de pesos que, en el 2005, le solicitó para financiar sus aspiraciones políticas.Esto último, a cambio de entregarle la concesión, operatividad y administración de un negocio que, en el lapso de un año, iba a dejarles ganancias hasta por 80 millones de pesos.
"Lo increíble es que el PAN proteja a un criminal que busca evadir la ley y arroparse en el fuero constitucional para evitar afrontar las consecuencias de su corrupción. Por qué quiere mantener a un delincuente a través de un amparo que supuestamente desestimará las acusaciones", cuestionó.Explicó que el amparo nunca debería usarse como una herramienta para burlar la ley y, en este caso, Blanco deberá presentarse ante un juez federal para demostrar que realmente se le están violentando sus garantías individuales para obtener la suspensión definitiva del acto reclamado.
"La disyuntiva para Acción Nacional es que Blanco podría ser detenido y perder sus derechos políticos", reiteró.Argumentó que con la entrada a escena del abogado Jesús Antonio Piñón, otrora procurador de Chihuahua, se pone sobre la mesa el alegato de que el presunto delito cometido por el contador público ya ha prescrito, "aceptando tácitamente que su cliente sí cometió el ilícito" al solicitar que el caso se archivase.Consideró aceptable la actuación de la autoridad, por no doblegarse ante el cúmulo de amenazas que diputados y dirigentes panistas han vertido en contra de la administración de Reyes Baeza, avivadas con la visita incluso del secretario de Gobierno."Éste es un mensaje para todos.
En Chihuahua se aplica la ley y los delincuentes no tienen por qué seguir pensando que la corrupción manda en nuestro estado. Aquí nadie va a venir a hacer lo que le venga en gana, es momento de acabar con los corruptos y estamos viendo que se está trabajando para lograrlo", concluyó.
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