OMNIA
“Los fiscales deberían iniciar inmediatamente una investigación exhaustiva e imparcial del cateo realizado por la Policía Federal en las oficinas de la organización no gubernamental Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, en Ciudad Juárez”, señaló Human Rights Watch.
La organización internacional, retoma el hecho: “el 5 de junio de 2011, a las 8:30 p.m., cerca de 20 miembros de la Policía Federal irrumpieron en las oficinas, revisaron archivos, rompieron ventanas y causaron daños en otros sectores del establecimiento. El personal de la organización no se encontraba presente al momento de la requisa y fue informado de los hechos por vecinos, quienes tomaron nota de los números de las cinco unidades de patrullas de policía que participaron”.
Miembros de la organización explicaron a Human Rights Watch que consideraban el allanamiento como una represalia y un acto de hostigamiento por haber documentado casos de presuntos abusos cometidos por policías federales. De acuerdo con el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Ciudad Juárez, Gustavo de la Rosa, las autoridades policiales admitieron que los policías que participaron en el cateo no tenían una orden judicial que les permitiera ingresar a la oficina.
“Los allanamientos realizados sin orden judicial vulneran el derecho fundamental a la privacidad de los ciudadanos”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
“Pueden ser particularmente problemáticos cuando están dirigidos a defensores de derechos humanos porque generan un clima de intimidación que disuade a las personas de denunciar los abusos. Las autoridades federales deberían transmitir un mensaje claro de que tales cateos son inaceptables, exigiendo a los policías involucrados que rindan cuentas por sus actos”.
La organización internacional, retoma el hecho: “el 5 de junio de 2011, a las 8:30 p.m., cerca de 20 miembros de la Policía Federal irrumpieron en las oficinas, revisaron archivos, rompieron ventanas y causaron daños en otros sectores del establecimiento. El personal de la organización no se encontraba presente al momento de la requisa y fue informado de los hechos por vecinos, quienes tomaron nota de los números de las cinco unidades de patrullas de policía que participaron”.
Miembros de la organización explicaron a Human Rights Watch que consideraban el allanamiento como una represalia y un acto de hostigamiento por haber documentado casos de presuntos abusos cometidos por policías federales. De acuerdo con el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Ciudad Juárez, Gustavo de la Rosa, las autoridades policiales admitieron que los policías que participaron en el cateo no tenían una orden judicial que les permitiera ingresar a la oficina.
“Los allanamientos realizados sin orden judicial vulneran el derecho fundamental a la privacidad de los ciudadanos”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
“Pueden ser particularmente problemáticos cuando están dirigidos a defensores de derechos humanos porque generan un clima de intimidación que disuade a las personas de denunciar los abusos. Las autoridades federales deberían transmitir un mensaje claro de que tales cateos son inaceptables, exigiendo a los policías involucrados que rindan cuentas por sus actos”.
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