DIARIO.COMChihuahua— A un año de haber solicitado al gobierno mexicano que encontrara con vida a tres personas presuntamente secuestradas por militares en el municipio de San Buenaventura del estado de Chihuahua, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado mexicano a proteger a los familiares de éstos y a la derechohumanista, Emilia Sandoval.
En fallo emitido el día primero de abril pasado, la CIDH resolvió once puntos, en los que se reitera la obligación del Estado mexicano en encontrar a Rocío Irene Alvarado Reyes, Nitza Paola Alvarado Espinoza y José Ángel Alvarado Herrera, quienes fueron reportados como desaparecidos el 29 de diciembre del 2009.
Además, demanda que se les dé protección al menos a 19 personas, la mayoría de ellas menores de edad, y quienes tienen alguna relación de parentesco con los tres desaparecidos desde hace casi dos años.
Es la segunda ocasión en la que la CIDH sentencia al Estado mexicano por hechos delictivos ocurridos en Chihuahua, ya que en el año 2010 también lo sancionó por el asesinato de tres jóvenes mujeres en el llamado campo algodonero, en Ciudad Juárez.
En el resolutivo, la CIDH requiere al Estado que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal de los cuatro hijos menores de edad del desaparecido Jaime Alvarado Herrera, a quienes sólo menciona por sus iniciales, así como a la señora Sandra Luz Rueda Quezada, esposa de aquel.
También demanda la misma protección para J.G.A., hija de la beneficiaria Rosa Olivia Alvarado Herrera; D.J.A y J.A., hijas del beneficiario Manuel Melquíades Alvarado Herrera; y la señora Mayra Daniela Saláis Rodríguez, esposa del señor Manuel Melquíades Alvarado Herrera.
En fallo emitido el día primero de abril pasado, la CIDH resolvió once puntos, en los que se reitera la obligación del Estado mexicano en encontrar a Rocío Irene Alvarado Reyes, Nitza Paola Alvarado Espinoza y José Ángel Alvarado Herrera, quienes fueron reportados como desaparecidos el 29 de diciembre del 2009.
Además, demanda que se les dé protección al menos a 19 personas, la mayoría de ellas menores de edad, y quienes tienen alguna relación de parentesco con los tres desaparecidos desde hace casi dos años.
Es la segunda ocasión en la que la CIDH sentencia al Estado mexicano por hechos delictivos ocurridos en Chihuahua, ya que en el año 2010 también lo sancionó por el asesinato de tres jóvenes mujeres en el llamado campo algodonero, en Ciudad Juárez.
En el resolutivo, la CIDH requiere al Estado que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal de los cuatro hijos menores de edad del desaparecido Jaime Alvarado Herrera, a quienes sólo menciona por sus iniciales, así como a la señora Sandra Luz Rueda Quezada, esposa de aquel.
También demanda la misma protección para J.G.A., hija de la beneficiaria Rosa Olivia Alvarado Herrera; D.J.A y J.A., hijas del beneficiario Manuel Melquíades Alvarado Herrera; y la señora Mayra Daniela Saláis Rodríguez, esposa del señor Manuel Melquíades Alvarado Herrera.
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