DIARIO.COMChihuahua— En lo que va de la presente administración se han suscitado varios cambios “obligados” entre los funcionarios considerados como de segundo nivel. En total han sido cinco los directores que dejaron sus puestos luego de que fueron víctimas de ataques del crimen organizado.
A puerta cerrada, Moisés Yáñez fue nombrado hace menos de tres semanas como el nuevo titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris). El anterior comisionado, José Luis González, se retiró por motivos de salud, según explicó la secretaria general de Gobierno, Graciela Ortiz.
Sin embargo, el cambio ocurrió a un mes del ataque que sufrieron las instalaciones de la Coespris. Los responsables del ataque, además de hacer varios disparos contra el inmueble, dejaron una cartulina exigiendo la salida de González.
Por su parte Yáñez arribó a la comisión proveniente de la Dirección de Vialidad, en donde fue víctima de un ataque indirecto. El pasado 20 de enero hombres armados con pistolas robaron la camioneta oficial asignada a Yáñez Jurado, entonces director de Vialidad, en las inmediaciones de la colonia Quintas Carolinas. El funcionario comentó que al momento del robo él se encontraba en la oficina y las personas que lo ayudan son quienes tripulaban la camioneta.
Cuatro días después dejó la Dirección de Vialidad y en una sencilla ceremonia el cargo quedó en manos de Raymundo Romero.
El 12 de enero de este año dos funcionarios de Gobierno del Estado sufrieron atentados por separado. Fueron la encargada de Gobernación y el delegado de Coespris.
En el primer ataque, para Eduardo González Wisbrun, entonces director de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, la amenaza fue a balazos y con un mensaje escrito en una cartulina pegada en la puerta principal de sus oficinas. Los agresores lo amenazaron de muerte por “meterse” con bares.
En el segundo atentado, hombres armados intentaron el mismo día por la tarde secuestrar a la titular de la Oficina Desconcentrada de Gobernación estatal, Ruth María Ayala Pérez, quien resultó ilesa a pesar de que en la refriega hubo varios disparos.
González Wisbrun presentó su renuncia una semana después del ataque. Por su parte Ruth Ayala también renunció el 17 de enero, incluso dejó de asistir a la oficina a raíz del intento de ‘levantón’.
Un quinto funcionario atacado fue el director del Centro de Reinserción Social de Aquiles Serdán, Raúl Platón del Cueto Morales, quien presentó el 6 de enero su renuncia al cargo argumentando motivos personales.
El 18 de ese mes, Eduardo Guerrero quedó a cargo del penal y delegó esa responsabilidad a Ricardo Félix Rosas, quien fue avalado por la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. Esto el 9 de febrero.
La secretaria general de Gobierno, Graciela Ortiz, comentó que no hay renuncias en el interior de la estructura estatal que se pueda vincular a las amenazas. Expuso que en cada uno de los casos ha habido una explicación que en su mayoría se vinculan a motivos personales.
Añadió que se seguirán habiendo cambios en la administración pública conforme lo exijan los resultados. “Entre los objetivos no está el atender las amenazas, excepto aquellas que buscan afectar a los chihuahuenses”, dijo.
Por su parte el fiscal general del estado, Carlos Salas, explicó que no existen investigaciones sobre amenazas que pudieran haber recibidos los funcionarios estatales.
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