El Heraldo
Chihuahua, Chihauhua.- Después de setenta días de interponer distintos recursos legales para no ser arrestado, ayer el ex alcalde Juan Blanco Zaldívar obtuvo del juez Tercero de Distrito, el amparo irrevocable contra la orden de aprehensión en su contra por el delito de cohecho, presuntamente ocurrido durante la licitación y concesión del Relleno Sanitario Municipal.
Además los exfuncionarios públicos municipales Marco Sotelo y Viviana Ramírez obtuvieron también un amparo con el que se indica al poder Judicial estatal, que el juez federal no vio delitos que perseguir y otorga suspender el auto de formal prisión en su contra.
La mañana de ayer, el Juzgado Cuarto de lo Penal recibió la notificación federal de que el juez Tercero no encontró elementos suficientes para la existencia de una orden judicial para la detención de Blanco Zaldívar, por lo cual y respaldo por las leyes, el exalcalde no puede ser detenido por mandato del titular del Juzgado Cuarto Penal, Rodolfo Romano Hernández.
El exalcalde y ahora candidato a una diputación federal, Blanco Zaldívar, obtuvo el amparo luego de que se resolvió en su totalidad el juicio en contra de la orden de aprehensión obsequiada por Romano, la cual nunca se ejecutó aunque fue girada desde el pasado 15 de marzo.
La resolución federal deja sin efecto penal al ahora candidato por el VI Distrito, al igual que sus actos de campaña.
En el caso de Sotelo y Ramírez se resolvió el juicio de amparo en contra del auto de formal prisión concedido por Rodolfo Romano, por lo tanto la sentencia señala que dicha orden queda sin efecto incluso en sus actos subsecuentes.
El juez federal concedió en primer término la suspensión temporal, posteriormente la definitiva y finalmente ayer otorgó que jurídicamente el amparo irrevocable.
Esta resolución de amparo trae consigo que se deje sin efectos la orden de aprehensión contra Blanco y el auto de formal prisión contra Sotelo y Ramírez; sin embargo, también existe la posibilidad de que el Ministerio Público solicite el recurso de revisión ante un tribunal colegiado.
A los tres exfuncionarios públicos se les acusó por el delito de cohecho, luego de que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) consignara los expedientes correspondientes a cada caso y solicitara la orden de aprehensión.
El motivo es que la dependencia ministerial encontró culpables a estas tres personas junto con Ricardo Martínez y los exempresarios Ernesto Reyes y Armando Acosta, socios de la desaparecida empresa SIRSSA.
Tras recibir la averiguación previa se consideró que existían suficientes elementos para que Romano, juez de la Cuarta Sala Penal liberara una orden de aprehensión en contra de Juan Blanco, solicitada por la Procuraduría.
Al saberse posible detenido, el ex alcalde solicitó todo tipo de recursos legales para impedir la ejecución de la orden por parte de la Policía Ministerial, por lo cual obtuvo un amparo provisional en la ciudad de Monterrey, mismo que le permitió continuar con su vida cotidiana y sus actividades políticas.
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