Chihuahua, Chihuahua.- La actual administración municipal, presidida por Carlos Borruel Baquera, ha evadido hacer la correcta aplicación de la ley al permitir que los depósitos de cerveza, con permisos de tiendas de abarrotes, continúen en funciones, a pesar de que incumplen con las especificaciones de distancia y la regla de vender productos de la canasta básica.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ramiro Arroyos Piñón, dejó en claro que desde la Subdirección de Gobernación sólo se ha manejado un doble discurso. "Mientras a nosotros nos dicen que empezarán a actuar, por otro lado permiten la apertura de los negocios que previamente habían cerrado, aún cuando permanecen sin cumplir", expresó.
El Ayuntamiento manejó en días pasados una breve campaña mediática, en la que anunciaban que arremeterían contra este tipo de empresas que regularmente son propiedad de las dos principales cervecerías que controlan el mercado y de las cuales se tienen detectadas alrededor de 200.
De acuerdo con datos de la Canaco, los establecimientos no cuentan con la regla de estar a más de 300 metros de distancia de una escuela o iglesia y tampoco con ofrecer a sus clientes por lo menos el 80 por ciento de su venta en productos de la canasta básica y el resto de cerveza y a menos de 300 metros de un negocio del mismo giro comercial, que representa un auténtico quebranto de la ley municipal, en sus artículos 34, 35 y 36.
Arroyos Piñón dijo que este tipo de acciones han generado afectaciones a las verdaderas tiendas de abarrotes, que son por lo regular como negocios de tipo familiar y ayudan a sostener a cientos de familias, muchas de las cuales se han visto afectadas por los efectos de la crisis económica mundial, pues ante la falta de un empleo formal optan por invertir sus ahorros para subsistir con un negocio propio.
"Aquí, los abarroteros sacan un permiso para vender la cerveza entre sus demás productos y son víctimas de una competencia desleal, cuando las compañías cerveceras, con el mismo permiso municipal se dedican solamente a vender cerveza y tienen dos o tres panes en exhibición", dijo el líder empresarial.Indicó que además del sustento legal que le da este señalamiento, el sector pugna por los derechos de sus afiliados que desde hace muchos años se han mantenido con esta forma de operar.
Un permiso para venta de cerveza otorgado por el Municipio tiene un costo de alrededor de 10 mil pesos, que cuesta obtener para una verdadera tienda de abarrotes, más no para las compañías cerveceras.Consideró como incongruente el actuar del Ayuntamiento en el caso de los cambios de domicilio, porque no hace respetar las reglas, igual que lo hace con el resto de la población, "hacen los cambios de domicilio como les da la gana, cuando hay una regla que deben seguir y la autoridad se hace de la vista gorda, cuando es la encargada de detener este tipo de cuestiones, con supervisiones continuas".
"No vamos a permitir el doble discurso, de que digan que harán cumplir y después de un rato vuelven a violentar la ley ellos mismos como autoridad; no se debe dar lugar a negociaciones por debajo de la mesa", recalcó.Solicitó al alcalde Borruel Baquera que intervenga para resolver esta situación y se haga cumplir la ley como la hacen cumplir a todos los ciudadanos, pues para como están las condiciones, las clásicas tiendas de abarrotes poco a poco tienden a desaparecer y afectar la economía de las familias que las operan.
"No es que estemos descubriendo el hilo negro, ellos (personal del Municipio) conocen quiénes son los que operan ilegalmente, sólo queremos que el Ayuntamiento cumpla con la ley, porque para eso está".
Subrayó que no puede ser posible que en municipios más pequeños como el de Cuauhtémoc, sus funcionarios hayan tenido la decisión de aplicar la ley y ahora el problema esté erradicado, con sólo poner orden, al grado de que no se permita ni la publicidad externa de la bebida alcohólica ni las promociones que manejan las compañías cerveceras, mientras aquí prevalece la irregularidad y no se le pone alto.
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