El Diario
Distrito Federal— El Senado de la República aprobó una reforma al artículo 108 de la Constitución para poder fincar responsabilidades a los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos que administren de forma indebida fondos y recursos federales
La modificación, turnada a la Cámara de Diputados, fue avalada por unanimidad de 84 votos a favor.
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos presentaron ante el Pleno el dictamen, en el cual se explicó que uno de los mayores desafíos que actualmente enfrenta el país es garantizar el desempeño honesto y transparente de todos los servidores públicos, así como erradicar la percepción ciudadana negativa y desfavorable del funcionamiento de las instituciones.
Por ello, se precisó, “el servicio público no debe en ningún momento ser usado para beneficio personal y ningún funcionario debe anteponer sus intereses al interés público que está obligado a proteger”.
Asimismo, recordaron que la propuesta de reforma a la Constitución, presentada por el senador Ulises Ramírez Núñez (PAN) señala que el fenómeno de la corrupción, del que ningún Estado está exento, es un inherente natural de la interacción social, que se da específicamente en el ejercicio de la función pública y la aplicación de los recursos económicos, por lo que la sociedad demanda mecanismos de control eficaces.
Al hacer uso de la Tribuna, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales a cargo del dictamen, Pedro Joaquín Coldwell, aseguró que las modificaciones al artículo 108 de la Carta Magna corrigen una omisión, ya que los funcionarios municipales no estaban señalados expresamente como responsables de violación de las leyes locales ni del manejo de fondos federales los integrantes del ayuntamiento.
En consecuencia, “las Comisiones Unidas estimamos conveniente hacer esta reforma del párrafo 2º del artículo 108 de la Constitución para introducir dos modificaciones: primero, señalar que los integrantes de los ayuntamientos serán responsables también por el manejo indebido de fondos federales y también por violación de leyes federales”, expresó.
“Cada vez más los ayuntamientos de nuestro país, vía el proceso de descentralización de la administración pública, manejan y administran fondos federales, por lo que no podía quedar este vacío en nuestra Constitución, para que no sean imputables cuando actúen ilícitamente en la aplicación y en el manejo indebidos de los fondos federales”, indicó el priísta.
En este sentido, el senador panista Ulises Ramírez Núñez informó que durante la última década se han trasladado más de un billón de pesos a los ayuntamientos del país.
“Hemos visto con tristeza, con decepción, que muchos de esos recursos han sido utilizados para otras cosas, que muchos no se manejan con la debida transparencia, a la vista de los ciudadanos”, advirtió.
Así que esta propuesta de reforma a la Constitución, detalló, va en ese sentido: fortalecer la transparencia en todo el país.
Finalmente, el perredista Pablo Gómez Álvarez advirtió que mientras no se haga una reforma de fondo al sistema de Auditoría Superior de la Federación, no se dará ningún paso en el buen uso de los recursos públicos.
Expuso que no se trata solamente de amenazar a los presidentes municipales, sino de contar con un sistema operativo de control de los fondos, y eso es lo que queda pendiente.
“Creo que votar a favor de este dictamen es correcto, pero conste que tenemos que dejar bien claro que esto no resuelve problemas prácticos; podrá dar pie para darle fuerza a otras reformas, pero esas otras reformas hay que llevarlas adelante”, finalizó.
La modificación, turnada a la Cámara de Diputados, fue avalada por unanimidad de 84 votos a favor.
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos presentaron ante el Pleno el dictamen, en el cual se explicó que uno de los mayores desafíos que actualmente enfrenta el país es garantizar el desempeño honesto y transparente de todos los servidores públicos, así como erradicar la percepción ciudadana negativa y desfavorable del funcionamiento de las instituciones.
Por ello, se precisó, “el servicio público no debe en ningún momento ser usado para beneficio personal y ningún funcionario debe anteponer sus intereses al interés público que está obligado a proteger”.
Asimismo, recordaron que la propuesta de reforma a la Constitución, presentada por el senador Ulises Ramírez Núñez (PAN) señala que el fenómeno de la corrupción, del que ningún Estado está exento, es un inherente natural de la interacción social, que se da específicamente en el ejercicio de la función pública y la aplicación de los recursos económicos, por lo que la sociedad demanda mecanismos de control eficaces.
Al hacer uso de la Tribuna, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales a cargo del dictamen, Pedro Joaquín Coldwell, aseguró que las modificaciones al artículo 108 de la Carta Magna corrigen una omisión, ya que los funcionarios municipales no estaban señalados expresamente como responsables de violación de las leyes locales ni del manejo de fondos federales los integrantes del ayuntamiento.
En consecuencia, “las Comisiones Unidas estimamos conveniente hacer esta reforma del párrafo 2º del artículo 108 de la Constitución para introducir dos modificaciones: primero, señalar que los integrantes de los ayuntamientos serán responsables también por el manejo indebido de fondos federales y también por violación de leyes federales”, expresó.
“Cada vez más los ayuntamientos de nuestro país, vía el proceso de descentralización de la administración pública, manejan y administran fondos federales, por lo que no podía quedar este vacío en nuestra Constitución, para que no sean imputables cuando actúen ilícitamente en la aplicación y en el manejo indebidos de los fondos federales”, indicó el priísta.
En este sentido, el senador panista Ulises Ramírez Núñez informó que durante la última década se han trasladado más de un billón de pesos a los ayuntamientos del país.
“Hemos visto con tristeza, con decepción, que muchos de esos recursos han sido utilizados para otras cosas, que muchos no se manejan con la debida transparencia, a la vista de los ciudadanos”, advirtió.
Así que esta propuesta de reforma a la Constitución, detalló, va en ese sentido: fortalecer la transparencia en todo el país.
Finalmente, el perredista Pablo Gómez Álvarez advirtió que mientras no se haga una reforma de fondo al sistema de Auditoría Superior de la Federación, no se dará ningún paso en el buen uso de los recursos públicos.
Expuso que no se trata solamente de amenazar a los presidentes municipales, sino de contar con un sistema operativo de control de los fondos, y eso es lo que queda pendiente.
“Creo que votar a favor de este dictamen es correcto, pero conste que tenemos que dejar bien claro que esto no resuelve problemas prácticos; podrá dar pie para darle fuerza a otras reformas, pero esas otras reformas hay que llevarlas adelante”, finalizó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario