EL HERALDOChihuahua, Chihuahua.- El jefe del Cuerpo de Inteligencia Policial (Cipol), Saúl Hernández Ruiz, desatendió tres alertas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre la vulnerabilidad en un improvisado depósito de armas ordenado por él mismo, motivo por el cual ayer fue requerido y declarado por la Procuraduría de Justicia en torno al robo de 69 armas de su corporación.
La investigación se desarrolla con base a tres líneas estructurales, en la cual se asegura la "complicidad de personal y mandos de Cipol"; omisiones e imprudencia grave del personal responsable de la custodia del edificio y este depósito de armas, además de la búsqueda y localización del armamento e identificación del grupo criminal responsable.
Al respecto la procuradora de Justicia, Patricia González Rodríguez, informó que las investigaciones a su cargo arrojan un conjunto de irregularidad en la vigilancia del inmueble -"vigiladas" por personal estatal y de una empresa de seguridad privada- y principalmente en la ubicación de este lote de armas.
"De acuerdo a testimonios del personal, un agente policial fue habilitado temporalmente como Coordinador Operativo por parte del director del Cipol, Saúl Hernández Ruiz... Éste se limitaba únicamente a recibir el parte diario de novedades de los radio operadores en turno", expresó González Rodríguez.Agregó que este vigilante, improvisado por Hernández Ruiz, declaró que él estaba a cargo del área operativo de la Cipol, en calidad de encargado de este depósito, sin contar con un nombramiento oficial, sino únicamente la orden de este jefe policial.
"Lo anterior -dijo González Rodríguez- explica que el día de los hechos, no había el personal suficiente para la custodia del acceso exclusivo o caseta para agentes del Cipol, ya que únicamente se encontraba un elemento de la corporación y un guardia de seguridad privada; mientras que en el depósito provisional de armas sólo estaba un radio operador habilitado como tal".Asimismo dijo que ante esta situación Saúl Hernández se presentaría voluntariamente durante la tarde de ayer para declarar en torno a esta situación.
La fiscal del estado también precisó: "no obstante que existe un banco de armas en el Complejo de Seguridad que cumple con las normas que establece la Sedena, se habilitó un depósito provisional a 167 metros de la caseta de acceso exclusivo para elementos del Cipol, lo que permitió las sustracción de las armas en un lapso de 15 minutos".
De acuerdo a la información el uso del provisional depósito de armas fue señalado como "irregular" por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) los días 8 y 9 de Septiembre, además de que siete días antes del robo esta corporación militar reiteró el riesgo de contar con armas con pocas garantías de resguardo, con lo cual sumaron tres alertas en dicho mes.El 20 de septiembre luego de una revista al armamento efectuado por personal militar y donde estuvo presente el doctor José Ángel García Ruiz, jefe del departamento de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Seguridad Pública Estatal, se dio la indicación de que este depósito representaba un riesgo.
"Me tocó escuchar cuando el Teniente Coronel Marco Antonio Álvarez Castañeda le indicó al agente encargado del depósito de armas (puesto por Saúl Hernández) y le dijo: te reitero lo que te dije la vez anterior, todas las armas que no esté utilizando el personal incapacitado o de vacaciones o bien de descanso, deben ser concentradas en el depósito de la Secretaría Ejecutiva", declaró ante el ministerio público García Ruiz, agregando que la respuesta del agente fue que "ya lo iba a hacer".
De acuerdo a la información de la procuradora Patricia González el jefe de Cipol, Saúl Hernández, fue quien habilitó temporalmente a "un agente" como Coordinador Operativo de esta corporación, el cual ordenó improvisar este depósito de armas notificado por la Sedena en tres ocasiones como "irregular", motivo por el cual ayer fue declarado para explicar el porqué no se tomaron en cuenta las recomendaciones de la Sedena expuestas a su agente de confianza.Con ello se desestimaron tres alertas militares en un mes sobre el riesgo que representaba resguardar el armamento oficial en otra parte ajena el banco oficial de armas, ubicado en el Complejo Estatal de Seguridad Pública.
El resultado fue el robo de 43 armas largas y 26 pistolas calibres 9 milímetros, para lo cual la PGJE informó ayer que en las próximas horas se oficializarán la detención e imputación de cargos en contra de los responsables de este robo, ya sea por acción u omisión.Respecto a la situación jurídica de Hernández Ruiz, la Procuradora de Justicia dijo que se encuentra como "colaborador" en las investigaciones, motivo por el cual se le tomó voluntariamente su declaración ante el Ministerio Público Estatal, para deslindar o imputar responsabilidades.
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