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El Ejército mexicano anunció este domingo la apertura de una "acción penal" en contra de un capitán, un cabo y dos soldados por su probable responsabilidad en el homicidio de dos civiles, un padre y un joven de 15 años, asesinados tras esquivar un convoy militar en su automóvil, el pasado 5 de septiembre.
En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detalla que los militares han ingresado en una prisión militar y quedado a disposición del Juzgado Segundo Militar.
En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detalla que los militares han ingresado en una prisión militar y quedado a disposición del Juzgado Segundo Militar.
Los inculpados en la muerte de las dos víctimas fatales -Vicente León Ramírez, de 52 años, y su hijo Alejandro Gabriel León Castellanos, de 15- son el capitán de Infantería Cruz Núñez Valdez: el cabo Valerio Lucas Hernández y los soldados José Antonio Rosado Vázquez y Antonio Ramírez Pérez.
Los cuatro militares son relacionados con las dos muertes y las heridas que recibieron otros miembros de dos familias implicadas en los hechos, ocurridos en la autopista Monterrey-Nuevo Laredo la noche del pasado 5 de septiembre.
Al día siguiente de los hechos, que la Sedena ha calificado ya como un "lamentable hecho", personal de la Unidad de Vinculación Ciudadana del Ejército y otros funcionarios de la Oficina de la Presidencia establecieron contacto con los familiares de los afectados "a fin de brindar toda la ayuda posible para resarcir los daños ocasionados".
En México, los militares cuentan con un fuero especial que les permite ser juzgados en tribunales castrenses, incluso en casos en que las víctimas de sus actos sean civiles.
Esta situación ha sido criticada por organizaciones no gubernamentales mexicanas y extranjeras, que consideran anacrónica la existencia de un fuero especial para los militares, incluso en los casos en que éstos violen los derechos humanos de sus víctimas.
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