EL HERALDODeberá pagar salarios caídos a ex asesora panista por despido injustificado
Chihuahua, Chihuahua.- El Congreso del Estado perdió un juicio laboral que lo obliga a pagar una indemnización que asciende a 10 millones de pesos, a causa de la negligencia con que en la última década se atendió un proceso para deslindar responsabilidades en el despido injustificado de una asesora de la Sexagésima Legislatura.
El Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores del Servicio del Estado, conforme al expediente JA/044/02, condenó a pagar salarios caídos y demás afectaciones que en sus derechos laborales sufrió la abogada Rosalinda Yepsson Orozco tras la negativa de liquidarla conforme a la norma durante el año 2002.
La sentencia emitida a favor de la demandante señala que el acto reclamado efectivamente fue realizado por parte de la autoridad, conforme a la resolución del 20 de enero del 2010, razón por la que se requirió el pago correspondiente a la legislatura que en su momento encabezó el diputado Fernando Rodríguez.
La respuesta fue la promoción de un amparo ante los tribunales federales para evadir la responsabilidad encontrada por parte del tribunal local, aunque resultaría ratificada por parte del Poder Judicial de la Federación, que posteriormente volvió a desestimar otro amparo presentado ante un Tribunal Colegiado.
Así lo indica la resolución emitida por la autoridad federal en mayo pasado cuando inicia el trámite necesario para que se cumpla con la demanda de Yepsson, provocando que el pasado 24 de junio del presente año se emitiera una orden judicial para que a la brevedad fuera realizado el pago por parte de la Diputación; acción que hasta el momento ha sido incumplida por parte del Congreso del Estado.
Aunque el despido ocurrió por decisión del otrora legislador Guillermo Luján, asesores actuales de la diputación señalaron que en su momento fueron contratados junto a la demandante para conformar a un cuerpo de asesores que prestó servicio a todos los grupos parlamentarios, sin importar su afinidad con Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática o el Partido Revolucionario Institucional.
El poder Legislativo, precisaron, realizaba las contrataciones de los asesores con el objetivo de asignarlos a una bancada; razón por la que Yepsson estuvo colaborando con la fracción panista, junto a asesores como el mismo Héctor Ortiz Orpinel, además de coadyuvar con Etzel Maldonado y Emilio Anchondo Paredes.
Expusieron que ahora son los partidos políticos quienes definen a los asesores que llevarán al Congreso a retribuir una participación activa durante las campañas electorales o para tener a personal de confianza para definir las iniciativas, acuerdos o leyes que presentan en tribuna los legisladores.
Se informó que por ese motivo la responsabilidad recae en la institución que representa el poder Legislativo y directamente en el presupuesto que todos los años se aprueba en el Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua.
Se habla de que en la Sexagésima Legislatura se aprobó un acuerdo parlamentario para afrontar este tipo de situaciones que estipulaba la obligatoriedad de que el presupuesto asignado a cada fracción parlamentaria sufriese las afectaciones resultantes de un litigio laboral; aunque oficialmente no se reconoce la existencia del documento impulsado por la mayoría priísta que encabezó Mario Tarango.
Al respecto la Secretaría de Servicios Administrativos señaló que en el presupuesto de 233 millones 984 mil 282, aprobados para las actividades del periodo 2010-2011, se omitió estipular una partida presupuestal para cumplir una obligación legal que indica necesario fijar un monto especial para responder a todas resoluciones judiciales que ameriten la erogación de recursos por parte del Congreso.
Ante esa situación se informó que el Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores del Servicio del Estado emitirá este viernes un nuevo requerimiento de pago que estará dirigido a la Secretaría Estatal de Hacienda, a raíz de que la diputación incumplió con el acuerdo emitido el pasado 5 de julio para que se pagara a la brevedad las remuneraciones reclamadas que corresponden al pago de salarios caídos, los ajustes salariales y demás prestaciones previstas para la plaza que le fue asignada a Yepsson.
El efecto del nuevo requerimiento será que el secretario Christián Rodallegas Hinojosa tendrá que girar un oficio en menos de 72 horas para ordenar que la cantidad demandada sea retenida de las ministraciones que recibe la Legislatura y se cumpla a cabalidad con la orden del tribunal estatal, así como la orden de los tribunales federales que en todas las instancias fallaron a favor de la ex asesora.
Esto último después de nueve años de que una primera demanda en contra de la Legislatura fue presentada sin respuesta por el actual secretario del Trabajo y Previsión Social, Fidel Pérez Romero, quien encontró argumentos válidos para solicitar la remuneración por parte de la Legislatura.
El caso fue atraído luego por Octavio Lamelas, quien presentó una nueva demanda que aparentemente había sido olvidada por parte de la demandante y que ahora se resolvió a su favor, a pesar de la reticencia de la Legislatura a cumplir con la normatividad que incumplieron, provocando una seria afectación al erario.
Chihuahua, Chihuahua.- El Congreso del Estado perdió un juicio laboral que lo obliga a pagar una indemnización que asciende a 10 millones de pesos, a causa de la negligencia con que en la última década se atendió un proceso para deslindar responsabilidades en el despido injustificado de una asesora de la Sexagésima Legislatura.
El Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores del Servicio del Estado, conforme al expediente JA/044/02, condenó a pagar salarios caídos y demás afectaciones que en sus derechos laborales sufrió la abogada Rosalinda Yepsson Orozco tras la negativa de liquidarla conforme a la norma durante el año 2002.
La sentencia emitida a favor de la demandante señala que el acto reclamado efectivamente fue realizado por parte de la autoridad, conforme a la resolución del 20 de enero del 2010, razón por la que se requirió el pago correspondiente a la legislatura que en su momento encabezó el diputado Fernando Rodríguez.
La respuesta fue la promoción de un amparo ante los tribunales federales para evadir la responsabilidad encontrada por parte del tribunal local, aunque resultaría ratificada por parte del Poder Judicial de la Federación, que posteriormente volvió a desestimar otro amparo presentado ante un Tribunal Colegiado.
Así lo indica la resolución emitida por la autoridad federal en mayo pasado cuando inicia el trámite necesario para que se cumpla con la demanda de Yepsson, provocando que el pasado 24 de junio del presente año se emitiera una orden judicial para que a la brevedad fuera realizado el pago por parte de la Diputación; acción que hasta el momento ha sido incumplida por parte del Congreso del Estado.
Aunque el despido ocurrió por decisión del otrora legislador Guillermo Luján, asesores actuales de la diputación señalaron que en su momento fueron contratados junto a la demandante para conformar a un cuerpo de asesores que prestó servicio a todos los grupos parlamentarios, sin importar su afinidad con Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática o el Partido Revolucionario Institucional.
El poder Legislativo, precisaron, realizaba las contrataciones de los asesores con el objetivo de asignarlos a una bancada; razón por la que Yepsson estuvo colaborando con la fracción panista, junto a asesores como el mismo Héctor Ortiz Orpinel, además de coadyuvar con Etzel Maldonado y Emilio Anchondo Paredes.
Expusieron que ahora son los partidos políticos quienes definen a los asesores que llevarán al Congreso a retribuir una participación activa durante las campañas electorales o para tener a personal de confianza para definir las iniciativas, acuerdos o leyes que presentan en tribuna los legisladores.
Se informó que por ese motivo la responsabilidad recae en la institución que representa el poder Legislativo y directamente en el presupuesto que todos los años se aprueba en el Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua.
Se habla de que en la Sexagésima Legislatura se aprobó un acuerdo parlamentario para afrontar este tipo de situaciones que estipulaba la obligatoriedad de que el presupuesto asignado a cada fracción parlamentaria sufriese las afectaciones resultantes de un litigio laboral; aunque oficialmente no se reconoce la existencia del documento impulsado por la mayoría priísta que encabezó Mario Tarango.
Al respecto la Secretaría de Servicios Administrativos señaló que en el presupuesto de 233 millones 984 mil 282, aprobados para las actividades del periodo 2010-2011, se omitió estipular una partida presupuestal para cumplir una obligación legal que indica necesario fijar un monto especial para responder a todas resoluciones judiciales que ameriten la erogación de recursos por parte del Congreso.
Ante esa situación se informó que el Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores del Servicio del Estado emitirá este viernes un nuevo requerimiento de pago que estará dirigido a la Secretaría Estatal de Hacienda, a raíz de que la diputación incumplió con el acuerdo emitido el pasado 5 de julio para que se pagara a la brevedad las remuneraciones reclamadas que corresponden al pago de salarios caídos, los ajustes salariales y demás prestaciones previstas para la plaza que le fue asignada a Yepsson.
El efecto del nuevo requerimiento será que el secretario Christián Rodallegas Hinojosa tendrá que girar un oficio en menos de 72 horas para ordenar que la cantidad demandada sea retenida de las ministraciones que recibe la Legislatura y se cumpla a cabalidad con la orden del tribunal estatal, así como la orden de los tribunales federales que en todas las instancias fallaron a favor de la ex asesora.
Esto último después de nueve años de que una primera demanda en contra de la Legislatura fue presentada sin respuesta por el actual secretario del Trabajo y Previsión Social, Fidel Pérez Romero, quien encontró argumentos válidos para solicitar la remuneración por parte de la Legislatura.
El caso fue atraído luego por Octavio Lamelas, quien presentó una nueva demanda que aparentemente había sido olvidada por parte de la demandante y que ahora se resolvió a su favor, a pesar de la reticencia de la Legislatura a cumplir con la normatividad que incumplieron, provocando una seria afectación al erario.
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