EL HERALDO
Investigan a abogado laborista
Falsearon declaraciones ante Conciliación y Arbitraje; podrían alcanzar hasta 5 años de prisión
Chihuahua, Chihuahua.- A prisión preventiva por ofrecer falso testimonio ante la autoridad laboral fueron enviadas seis personas que fueron vinculadas a proceso por un juez de garantías que, el pasado viernes, ordenó recluirlos en el Centro de Readaptación Social de Aquiles Serdán.
Alfredo Antillón Martínez, Mabel Cecilia González Miramontes, Fabián Leonardo Veleta Sinaloa, Martín Serna Rico, Francisco Hernández y Ruth Mireya González Chávez, conforme a la causa penal 1761/2011, son investigados por un intento de estafa en perjuicio de la empresa Camiones Broncos del Norte.
Indica la denuncia que Antillón Martínez, con residencia en la ciudad de Cuauhtémoc, incurrió en el ilícito al aceptar voluntariamente estampar su firma en una carta que lo identificaba como un presunto ex empleado de la distribuidora de vehículos, cuya administración lo habría despedido en forma injustificada.
En su reclamo ante las autoridades laborales, demandó una indemnización a través de un proceso en el que defendió su postura el resto de las personas imputadas, razón por la que al verse impedido para sostener sus alegatos, en evidente intención de consumar el fraude.
De ahí que conforme a lo estipulado en la nueva legislación penal se solicitará a la autoridad ministerial iniciar una investigación para determinar la responsabilidad de los involucrados en el ilícito, mismo que, una vez agotado el plazo de 60 días para cerrar las indagatorias, sancionaría a quienes resulten culpables con una pena que alcanzaría 5 años de prisión.
Asimismo una multa de hasta cinco mil pesos porque los imputados incurrieron en actos como la simulación de actos jurídicos y alteración de elementos de prueba con el objetivo de obtener un beneficio indebido, siendo la primera vez en la historia jurídica de la entidad que se abre un proceso por fraude procesal.
En ese sentido se informó que la investigación también persigue determinar una responsabilidad para el abogado que representó a Antillón Martínez ante la autoridad laboral, toda vez que se advierte una mala actuación por parte del litigante.
Es por eso que el Ministerio Público Estatal fue emplazado a señalar una responsabilidad en torno al abogado laborista, a fin de determinar si perderá sus derechos para seguir ejerciendo la profesión en la entidad durante el tiempo que sea recluido en prisión por ser partícipe o iniciador del fraude procesal.
Se indicó que el pasado 8 de agosto, durante la audiencia de imputación en contra de Antillón Martínez, el abogado Baltasar Chávez Sandoval se presentó ante el juzgado como el representante legal del presunto defraudador; aunque posteriormente solicitó la participación de un abogado particular para su defensa.
El resto de los acusados solicitó los servicios de la abogada Irma Berenice Delgado Díaz, a quien se identificó como la defensora particular, vinculada a la firma que encabeza el abogado Carlos Vargas.
En la audiencia de vinculación a proceso se pretendió hacer valer un incidente respecto a la competencia del tribunal para pronunciarse en contra de los imputados, mismo que resultó improcedente, razón por la que todos fueron puestos en prisión durante el tiempo en que se resuelva el proceso judicial.
A Carlos Vargas se le relaciona con el litigio que en septiembre del año pasado provocó que todo el capital de una empresa, denominada La Casa de la Novia, pasara a propiedad de una ex empleada que laboró en el negocio apenas por una semana; al emitirse un laudo a su favor por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
En ese momento se denunció de manera pública que el litigante se valía de sus conocimientos de la ley para lucrar con juicios, así como de acciones como amenazas, compra de abogados y funcionarios estatales, a fin de que sus casos fueran declarados en rebeldía o tuviesen las condiciones para ser ganados por la vía del amparo.
Buenaventura Molinar, afectada por un proceso que consideró irregular porque durante los 10 años que duró el procedimiento el abogado Carlos Vargas amenazó de muerte a cada representante legal que ella contrataba, razón por la que todos sus abogados abandonaron la causa que finalmente concluyó con la pérdida del patrimonio de toda una vida.
Falsearon declaraciones ante Conciliación y Arbitraje; podrían alcanzar hasta 5 años de prisión
Chihuahua, Chihuahua.- A prisión preventiva por ofrecer falso testimonio ante la autoridad laboral fueron enviadas seis personas que fueron vinculadas a proceso por un juez de garantías que, el pasado viernes, ordenó recluirlos en el Centro de Readaptación Social de Aquiles Serdán.
Alfredo Antillón Martínez, Mabel Cecilia González Miramontes, Fabián Leonardo Veleta Sinaloa, Martín Serna Rico, Francisco Hernández y Ruth Mireya González Chávez, conforme a la causa penal 1761/2011, son investigados por un intento de estafa en perjuicio de la empresa Camiones Broncos del Norte.
Indica la denuncia que Antillón Martínez, con residencia en la ciudad de Cuauhtémoc, incurrió en el ilícito al aceptar voluntariamente estampar su firma en una carta que lo identificaba como un presunto ex empleado de la distribuidora de vehículos, cuya administración lo habría despedido en forma injustificada.
En su reclamo ante las autoridades laborales, demandó una indemnización a través de un proceso en el que defendió su postura el resto de las personas imputadas, razón por la que al verse impedido para sostener sus alegatos, en evidente intención de consumar el fraude.
De ahí que conforme a lo estipulado en la nueva legislación penal se solicitará a la autoridad ministerial iniciar una investigación para determinar la responsabilidad de los involucrados en el ilícito, mismo que, una vez agotado el plazo de 60 días para cerrar las indagatorias, sancionaría a quienes resulten culpables con una pena que alcanzaría 5 años de prisión.
Asimismo una multa de hasta cinco mil pesos porque los imputados incurrieron en actos como la simulación de actos jurídicos y alteración de elementos de prueba con el objetivo de obtener un beneficio indebido, siendo la primera vez en la historia jurídica de la entidad que se abre un proceso por fraude procesal.
En ese sentido se informó que la investigación también persigue determinar una responsabilidad para el abogado que representó a Antillón Martínez ante la autoridad laboral, toda vez que se advierte una mala actuación por parte del litigante.
Es por eso que el Ministerio Público Estatal fue emplazado a señalar una responsabilidad en torno al abogado laborista, a fin de determinar si perderá sus derechos para seguir ejerciendo la profesión en la entidad durante el tiempo que sea recluido en prisión por ser partícipe o iniciador del fraude procesal.
Se indicó que el pasado 8 de agosto, durante la audiencia de imputación en contra de Antillón Martínez, el abogado Baltasar Chávez Sandoval se presentó ante el juzgado como el representante legal del presunto defraudador; aunque posteriormente solicitó la participación de un abogado particular para su defensa.
El resto de los acusados solicitó los servicios de la abogada Irma Berenice Delgado Díaz, a quien se identificó como la defensora particular, vinculada a la firma que encabeza el abogado Carlos Vargas.
En la audiencia de vinculación a proceso se pretendió hacer valer un incidente respecto a la competencia del tribunal para pronunciarse en contra de los imputados, mismo que resultó improcedente, razón por la que todos fueron puestos en prisión durante el tiempo en que se resuelva el proceso judicial.
A Carlos Vargas se le relaciona con el litigio que en septiembre del año pasado provocó que todo el capital de una empresa, denominada La Casa de la Novia, pasara a propiedad de una ex empleada que laboró en el negocio apenas por una semana; al emitirse un laudo a su favor por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
En ese momento se denunció de manera pública que el litigante se valía de sus conocimientos de la ley para lucrar con juicios, así como de acciones como amenazas, compra de abogados y funcionarios estatales, a fin de que sus casos fueran declarados en rebeldía o tuviesen las condiciones para ser ganados por la vía del amparo.
Buenaventura Molinar, afectada por un proceso que consideró irregular porque durante los 10 años que duró el procedimiento el abogado Carlos Vargas amenazó de muerte a cada representante legal que ella contrataba, razón por la que todos sus abogados abandonaron la causa que finalmente concluyó con la pérdida del patrimonio de toda una vida.
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