EL HERALDOChihuahua, Chih.- Lucio Cuevas Sánchez, director del Cereso Municipal de Juárez detenido por la Fiscalía General del Estado fue acusado en 1999 de ser parte de una red de agentes de la Policía Federal de Caminos que daba protección a la organización criminal de los Carrillo Fuentes, desde su base en la ciudad de Parral, Chihuahua.
Entonces suboficial de la corporación, Cuevas Sánchez fue señalado como parte de un grupo de jefes de la PCF, comandantes y agentes que brindaban protección a cargamentos de droga, según las acusaciones de otro elemento, Luis Antonio Ibáñez quien fue asesinado al estilo del crimen organizado un mes después de que se conociera el contenido de su denuncia presentada ante la Procuraduría General de la República.
Pese a los señalamientos, Cuevas Sánchez y la mayor parte de los acusados permanecieron en las filas de la Policía de Caminos, aunque fueron enviados a otras plazas.
Luego de unos años de la denuncia, Lucio Cuevas regresó como agente federal a Parral, Chihuahua y en 2009 mataron a su hermano, Martín, por lo cual sólo continuó unos meses más en la corporación, hasta cuando reapareció como director del Centro de Readaptación Social de Juárez, cargo que le otorgó el Gobierno Municipal.
En diciembre de 2010 el secretario del Ayuntamiento de Juárez, Héctor Arcelús, presentó a Cuevas Sánchez como nuevo director del Cereso Municipal, de quien reconoció su trayectoria en la Policía Federal, así como su preparación académica como abogado.
LA DENUNCIA
En diciembre de 2008, el oficial Luis Antonio Ibáñez presentó una denuncia ante la Subsecretaría de Transporte donde acusaba a varios elementos del destacamento en Parral, Chihuahua de proteger cargamentos de droga de uno de los hombres más buscados por la PGR desde entonces, Vicente Carrillo Fuentes, sucesor del llamado "señor de los cielos" en la estructura criminal denominada con el nombre de Cártel de Juárez.
Ibáñez acusaba a Francisco Castillo Niwa, jefe del destacamento en Chihuahua; Pedro Barreiro, anterior jefe de la PFC; Adolfo Meza Abadía, comandante; Carlos Landeros Hernández; Mauricio Villegas Montes de Oca; Roberto Arrieta; Antonio Arizpe Mireles; Alejandro Romero; Antonio Garza García; Fernando Ramírez Padilla y Lucio Cuevas Sánchez, agentes, oficiales, suboficiales y mandos de la corporación en el estado de Chihuahua, Nuevo León y Jalisco, parte de la estructura regional que manejaba la desaparecida corporación.
El periódico Norte de Monterrey publicó parte de la denuncia del agente, dado que se encontraba involucrado Garza García, jefe del Estado Mayor de la PFC, en la cual relata hechos sucedidos en las carreteras de Chihuahua relacionados con los cargamentos de droga que se dejaban pasar por el estado.
Desde esa denuncia, el comandante Castillo Niwa, responsable del destacamento de Chihuahua, ya no regresó a la corporación por incapacidad médica.
De acuerdo con la denuncia que reprodujo el Norte, Ibáñez narró que "estando destacamentado en Parral, Chihuahua, interceptó una pick up Chevrolet de color blanco, en el kilómetro 19 de la carretera 45 México-Juárez, que transportaba 110 kilos de mariguana". Al llegar al destacamento, el comandante Castillo Niwa le manifestó que dejaron 20 mil pesos en efectivo y un vehículo Grand Marquis gris, modelo 85, sin placas, como pago para que continuara su destino la droga decomisada.
Al día siguiente, los individuos quienes escoltaban el camión regresaron y le entregaron 50 mil pesos y una pick up, la cual se llevó el comandante Arrieta a su domicilio.
"Todo lo anterior se repartió como lo ordenó el comandante Castillo Niwa en la siguiente forma: 10% para el ex comandante general Antonio Arizpe Mireles, 10% para el inspector general en funciones, Alejandro B. Romero y 10% más para el jefe del Estado Mayor de la PFC, Antonio Garza García", según la publicación.
En otra ocasión, según esa misma denuncia, el agente detectó una pick up azul sin placas en el kilómetro 189 de la carretera Chihuahua-Parral y sus ocupantes le manifestaron que trasladaban 70 kilos de mariguana. "Llegó al lugar el segundo comandante Roberto Arrieta y ordenó a mi compañero que llevara el camión a la oficina del destacamento, y que yo lo acompañara a la casa del comandante Castillo Niwa. Arrieta ordenó que lo arreglara mediante dinero, cosa que no ocurrió en ese momento porque dejó ir a los ocupantes de la camioneta para que fueran por el dinero". Dijo que al día siguiente regresaron las mismas personas que transportaban la droga y recibió 30 mil, de 50 mil pesos que habían sido pactados por el comandante Castillo Niwa.
Ibáñez también denunció que en otra ocasión detectó en compañía del capitán Fernando Ramírez Padilla otra pick up Ford sin placas. Los tripulantes admitieron que traían 80 kilos de mariguana en el doble fondo de la caja.
"Ya detenido el conductor de la camioneta realizó varias llamadas telefónicas, quedándose dos días y dos noches privado de su libertad porque no llegaban las personas a las que había llamado. Después llegaron con 30 mil pesos que fueron entregados al primer oficial Fernando Ramírez Padilla", dijo.
En la denuncia de seis páginas, Ibáñez involucra a 11 mandos y agentes de la Policía Federal de Caminos en diferentes circunstancias, a unos por recibir dinero y vehículos a cargo de no molestar por cargamentos de droga y a otros por transportar y entregar droga en algunos pueblos cercanos a Parral, comprada por una persona que la comercializaba en Chicago y la pagaba a los elementos federales, a través de un servicio de envío de divisas.
Incluso narra llamadas de mandos federales con "una persona llamada Vicente, hermano de Amado Carrillo", quien tenía relación con un comandante de manera constante.
La conclusión de la denuncia presentada ante el Grupo Coadyuvante de Investigación de la Subsecretaría de Transporte de la SCT, fue que quedaba al descubierto una red de corrupción, extorsión y protección a narcotraficantes que operaban en estados del centro y norte del país. Los hechos denunciados se registraron entre noviembre de 1996 y julio de 1997, según la publicación.
EL ASESINATO
Un mes después de que se ventilara la denuncia y se relacionaran en mayor medida los nombres de los mandos y agentes federales, Luis Antonio Ibáñez fue asesinado el 13 de enero de 1999 en un crucero de la ciudad de Parral, según el reporte de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado.
El hombre de 35 años, quien se supone debía ratificar la denuncia presentada en unos días, fue atacado por hombres armados quienes le dispararon 45 balazos de AK-47, de los cuales 26 dieron en el blanco.
El hombre fue asesinado mientras conducía su vehículo Ford Thunderbird negro, modelo 1993, con placas del Distrito Federal 532EYZ, cuando transitaba por el crucero de las calles Hilos y Cruces en la colonia Infonavit Esmeralda, sector en el cual tenía su domicilio.
En la escena del crimen fue localizado un vehículo Tempo, sin placas, con engomado de Codepafa 10714, donde viajaban los agresores, quienes jamás fueron detenidos.
La víctima portaba su arma reglamentaria, una pistola calibre 9 mm, que nunca pudo accionar ante el sorpresivo ataque, pese a que había dicho a sus allegados que temía por su vida a raíz de la denuncia. El caso nunca se esclareció.
ANTECEDENTES
Tras la denuncia, los elementos citados fueron sometidos a una supuesta investigación de la cual nunca dio resultados la Policía Federal de Caminos.
En el caso de Lucio Cuevas Sánchez, según registros internos de la desaparecida corporación, fue enviado a Sinaloa y Baja California, regresando a lo que hoy se denomina Policía Federal División Caminos, en 2005, manteniéndose como oficial de la corporación.
El 10 de julio de 2009, un grupo armado interceptó el vehículo donde viajaba su hermano, también agente de la Policía Federal, de nombre Martín, asesinándolo en Parral, razón por la cual fue despedido con honores en una ceremonia donde Lucio Cuevas participó junto con toda la familia del elemento caído.
El 17 de diciembre de 2010, Cuevas Sánchez fue presentado como nuevo director del Cereso Municipal en Juárez.
El 25 de julio de 2011 se registró la masacre de 17 internos en dicho penal y la Fiscalía General del Estado descubrió que un día antes de la matanza hubo una fiesta al interior de la cárcel, motivo por el cual fue detenido el funcionario, acusado de ejercicio ilegal del servicio público y otros delitos.
Entonces suboficial de la corporación, Cuevas Sánchez fue señalado como parte de un grupo de jefes de la PCF, comandantes y agentes que brindaban protección a cargamentos de droga, según las acusaciones de otro elemento, Luis Antonio Ibáñez quien fue asesinado al estilo del crimen organizado un mes después de que se conociera el contenido de su denuncia presentada ante la Procuraduría General de la República.
Pese a los señalamientos, Cuevas Sánchez y la mayor parte de los acusados permanecieron en las filas de la Policía de Caminos, aunque fueron enviados a otras plazas.
Luego de unos años de la denuncia, Lucio Cuevas regresó como agente federal a Parral, Chihuahua y en 2009 mataron a su hermano, Martín, por lo cual sólo continuó unos meses más en la corporación, hasta cuando reapareció como director del Centro de Readaptación Social de Juárez, cargo que le otorgó el Gobierno Municipal.
En diciembre de 2010 el secretario del Ayuntamiento de Juárez, Héctor Arcelús, presentó a Cuevas Sánchez como nuevo director del Cereso Municipal, de quien reconoció su trayectoria en la Policía Federal, así como su preparación académica como abogado.
LA DENUNCIA
En diciembre de 2008, el oficial Luis Antonio Ibáñez presentó una denuncia ante la Subsecretaría de Transporte donde acusaba a varios elementos del destacamento en Parral, Chihuahua de proteger cargamentos de droga de uno de los hombres más buscados por la PGR desde entonces, Vicente Carrillo Fuentes, sucesor del llamado "señor de los cielos" en la estructura criminal denominada con el nombre de Cártel de Juárez.
Ibáñez acusaba a Francisco Castillo Niwa, jefe del destacamento en Chihuahua; Pedro Barreiro, anterior jefe de la PFC; Adolfo Meza Abadía, comandante; Carlos Landeros Hernández; Mauricio Villegas Montes de Oca; Roberto Arrieta; Antonio Arizpe Mireles; Alejandro Romero; Antonio Garza García; Fernando Ramírez Padilla y Lucio Cuevas Sánchez, agentes, oficiales, suboficiales y mandos de la corporación en el estado de Chihuahua, Nuevo León y Jalisco, parte de la estructura regional que manejaba la desaparecida corporación.
El periódico Norte de Monterrey publicó parte de la denuncia del agente, dado que se encontraba involucrado Garza García, jefe del Estado Mayor de la PFC, en la cual relata hechos sucedidos en las carreteras de Chihuahua relacionados con los cargamentos de droga que se dejaban pasar por el estado.
Desde esa denuncia, el comandante Castillo Niwa, responsable del destacamento de Chihuahua, ya no regresó a la corporación por incapacidad médica.
De acuerdo con la denuncia que reprodujo el Norte, Ibáñez narró que "estando destacamentado en Parral, Chihuahua, interceptó una pick up Chevrolet de color blanco, en el kilómetro 19 de la carretera 45 México-Juárez, que transportaba 110 kilos de mariguana". Al llegar al destacamento, el comandante Castillo Niwa le manifestó que dejaron 20 mil pesos en efectivo y un vehículo Grand Marquis gris, modelo 85, sin placas, como pago para que continuara su destino la droga decomisada.
Al día siguiente, los individuos quienes escoltaban el camión regresaron y le entregaron 50 mil pesos y una pick up, la cual se llevó el comandante Arrieta a su domicilio.
"Todo lo anterior se repartió como lo ordenó el comandante Castillo Niwa en la siguiente forma: 10% para el ex comandante general Antonio Arizpe Mireles, 10% para el inspector general en funciones, Alejandro B. Romero y 10% más para el jefe del Estado Mayor de la PFC, Antonio Garza García", según la publicación.
En otra ocasión, según esa misma denuncia, el agente detectó una pick up azul sin placas en el kilómetro 189 de la carretera Chihuahua-Parral y sus ocupantes le manifestaron que trasladaban 70 kilos de mariguana. "Llegó al lugar el segundo comandante Roberto Arrieta y ordenó a mi compañero que llevara el camión a la oficina del destacamento, y que yo lo acompañara a la casa del comandante Castillo Niwa. Arrieta ordenó que lo arreglara mediante dinero, cosa que no ocurrió en ese momento porque dejó ir a los ocupantes de la camioneta para que fueran por el dinero". Dijo que al día siguiente regresaron las mismas personas que transportaban la droga y recibió 30 mil, de 50 mil pesos que habían sido pactados por el comandante Castillo Niwa.
Ibáñez también denunció que en otra ocasión detectó en compañía del capitán Fernando Ramírez Padilla otra pick up Ford sin placas. Los tripulantes admitieron que traían 80 kilos de mariguana en el doble fondo de la caja.
"Ya detenido el conductor de la camioneta realizó varias llamadas telefónicas, quedándose dos días y dos noches privado de su libertad porque no llegaban las personas a las que había llamado. Después llegaron con 30 mil pesos que fueron entregados al primer oficial Fernando Ramírez Padilla", dijo.
En la denuncia de seis páginas, Ibáñez involucra a 11 mandos y agentes de la Policía Federal de Caminos en diferentes circunstancias, a unos por recibir dinero y vehículos a cargo de no molestar por cargamentos de droga y a otros por transportar y entregar droga en algunos pueblos cercanos a Parral, comprada por una persona que la comercializaba en Chicago y la pagaba a los elementos federales, a través de un servicio de envío de divisas.
Incluso narra llamadas de mandos federales con "una persona llamada Vicente, hermano de Amado Carrillo", quien tenía relación con un comandante de manera constante.
La conclusión de la denuncia presentada ante el Grupo Coadyuvante de Investigación de la Subsecretaría de Transporte de la SCT, fue que quedaba al descubierto una red de corrupción, extorsión y protección a narcotraficantes que operaban en estados del centro y norte del país. Los hechos denunciados se registraron entre noviembre de 1996 y julio de 1997, según la publicación.
EL ASESINATO
Un mes después de que se ventilara la denuncia y se relacionaran en mayor medida los nombres de los mandos y agentes federales, Luis Antonio Ibáñez fue asesinado el 13 de enero de 1999 en un crucero de la ciudad de Parral, según el reporte de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado.
El hombre de 35 años, quien se supone debía ratificar la denuncia presentada en unos días, fue atacado por hombres armados quienes le dispararon 45 balazos de AK-47, de los cuales 26 dieron en el blanco.
El hombre fue asesinado mientras conducía su vehículo Ford Thunderbird negro, modelo 1993, con placas del Distrito Federal 532EYZ, cuando transitaba por el crucero de las calles Hilos y Cruces en la colonia Infonavit Esmeralda, sector en el cual tenía su domicilio.
En la escena del crimen fue localizado un vehículo Tempo, sin placas, con engomado de Codepafa 10714, donde viajaban los agresores, quienes jamás fueron detenidos.
La víctima portaba su arma reglamentaria, una pistola calibre 9 mm, que nunca pudo accionar ante el sorpresivo ataque, pese a que había dicho a sus allegados que temía por su vida a raíz de la denuncia. El caso nunca se esclareció.
ANTECEDENTES
Tras la denuncia, los elementos citados fueron sometidos a una supuesta investigación de la cual nunca dio resultados la Policía Federal de Caminos.
En el caso de Lucio Cuevas Sánchez, según registros internos de la desaparecida corporación, fue enviado a Sinaloa y Baja California, regresando a lo que hoy se denomina Policía Federal División Caminos, en 2005, manteniéndose como oficial de la corporación.
El 10 de julio de 2009, un grupo armado interceptó el vehículo donde viajaba su hermano, también agente de la Policía Federal, de nombre Martín, asesinándolo en Parral, razón por la cual fue despedido con honores en una ceremonia donde Lucio Cuevas participó junto con toda la familia del elemento caído.
El 17 de diciembre de 2010, Cuevas Sánchez fue presentado como nuevo director del Cereso Municipal en Juárez.
El 25 de julio de 2011 se registró la masacre de 17 internos en dicho penal y la Fiscalía General del Estado descubrió que un día antes de la matanza hubo una fiesta al interior de la cárcel, motivo por el cual fue detenido el funcionario, acusado de ejercicio ilegal del servicio público y otros delitos.
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