Los diputados priistas Enrique Serrano Escobar y Francisco González Carrasco se pronunciaron hoy por una revisión exhaustiva a cada uno de los yonques y deshuesaderos que operan actualmente en sus demarcaciones territoriales, con el fin de que cumplan con los requisitos establecidos por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, y en caso de incumplir, se les cancele la licencia.
También hicieron un llamado a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para que, en coordinación con los 67 Ayuntamientos, signe convenios de colaboración para la implementación de operativos de verificación a fin de detectar autopartes robadas.
Los legisladores expresaron que éste es un problema que “nos ocupa en la actualidad. Se sabe que hoy hay un alto porcentaje de los negocios dedicados a la venta de partes usadas para automóvil y que comercializan accesorios de vehículos con reporte de robo”.
Se calcula que sólo en la ciudad existen al menos 115 yonkes o deshuesaderos que compran, venden y arman automóviles con partes de autos robados, o en el mejor de los casos sin ser importados legalmente al país, tanto los automóviles como las piezas, detallaron.
Lamentaron que negocios de este giro que no están regulados tienen el privilegio de no pagar impuestos, y además no cuentan con los requisitos que solicitan las autoridades municipales para su operatividad.
Sólo por mencionar algunos de los requisitos en que a veces se incumple, se encuentra el uso de suelo, zonificación, impacto ambiental y medidas de seguridad que permitan inhibir algún percance laboral o fortuito a sus trabajadores y a sus clientes.
Explicaron que estos negocios ilegales han acaparado entre el 60 y 70 por ciento del mercado, y en los últimos años ha sido tanta la proliferación que actualmente están a la par de los yonkeros establecidos y los informales; de tal suerte que si hay entre 90 y 115 formales, también hay los mismos de manera ilegal.
También hicieron un llamado a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para que, en coordinación con los 67 Ayuntamientos, signe convenios de colaboración para la implementación de operativos de verificación a fin de detectar autopartes robadas.
Los legisladores expresaron que éste es un problema que “nos ocupa en la actualidad. Se sabe que hoy hay un alto porcentaje de los negocios dedicados a la venta de partes usadas para automóvil y que comercializan accesorios de vehículos con reporte de robo”.
Se calcula que sólo en la ciudad existen al menos 115 yonkes o deshuesaderos que compran, venden y arman automóviles con partes de autos robados, o en el mejor de los casos sin ser importados legalmente al país, tanto los automóviles como las piezas, detallaron.
Lamentaron que negocios de este giro que no están regulados tienen el privilegio de no pagar impuestos, y además no cuentan con los requisitos que solicitan las autoridades municipales para su operatividad.
Sólo por mencionar algunos de los requisitos en que a veces se incumple, se encuentra el uso de suelo, zonificación, impacto ambiental y medidas de seguridad que permitan inhibir algún percance laboral o fortuito a sus trabajadores y a sus clientes.
Explicaron que estos negocios ilegales han acaparado entre el 60 y 70 por ciento del mercado, y en los últimos años ha sido tanta la proliferación que actualmente están a la par de los yonkeros establecidos y los informales; de tal suerte que si hay entre 90 y 115 formales, también hay los mismos de manera ilegal.
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