OMNIAEn las décadas de los sesenta y setenta, la participación de los jóvenes en la lucha social era indispensable. Eran ellos quienes lograban mayor aceptación de las masas, quienes lograban trastocar el supuesto orden y mover sentimientos y mentalidades que por muy ortodoxas que fueran podían cambiar de parecer ante las problemáticas.
Hoy, la lucha social la encabezan las madres de familia. El momento histórico cambia y con ello las inquietudes que ya no responden a una condición meramente económica, educativa o de oportunidades. Es ahora un grito distinto que acompaña el discurso de la mujer con un tono más determinante e incorruptible. El motivo de su lucha responde a la muerte de sus congéneres, de sus hijas, de sus hijos.
De acuerdo con el estudio que realiza el Colegio de la Frontera Norte (COLEF), se hace un extenso reclamo a las autoridades por no aplicar las estrategias adecuadas y, en vez de propiciar un verdadero cambio en la procuración de justicia, reinventar o sólo cambiar de nombre a las corporaciones policiacas, y orillar a modificar las investigaciones sin que existan verdaderos resultados.
La institución, a cargo de Julia Monárrez Fragoso, afirma que de 1993 al 2007 las mujeres asesinadas en la frontera sumaban 450. Desde hace 3 años, que se implementó la Operación Conjunta Chihuahua, han encontrado la muerte de manera dolosa 692 niñas, adolescentes y mujeres maduras, fenómeno que habla de la estrategia fallida del gobierno y sus dependencias por acabar el problema.
Ante la inoperancia de los agentes de seguridad y sus superiores, funcionarios y jefes de estado, son las mismas madres de jóvenes y niñas desaparecidas o asesinadas las que han emprendido la ardua tarea de buscar que se imparta la justicia. Son ellas quienes representan al órgano investigador y hasta sancionador al momento de apelar para que, teniendo a los responsables, se les apliquen penas más severas y justas, de acuerdo con su delito.
La muerte no es amenaza cuando se sigue el camino de la justicia
“Ahora mi hija no está, pero estoy yo para defender sus derechos”, pronunció Marisela Escobedo Ortiz, madre de Rubí Marisol Frayre Escobedo, meses antes de ser asesinada frente a Palacio de Gobierno.
Marisela comenzó a seguir sus propias conjeturas y unir cabos que la autoridad dejó sueltos en abril del 2010, luego de que los jueces Catalina Ochoa, Rafael Baudib y Netzahualcóyotl Zúñiga exoneraran a Rafael Barraza Bocanegra cuando ante el Tribunal de Garantía diera muestras explícitas de ser actor intelectual y material del asesinato de su pareja sentimental Rubí Frayre.
Desde ese momento, Marisela se hizo cargo y atendió frente a los tribunales, con un conocimiento y habilidad inigualables, casi tomando el papel de abogada coadyuvante, para dar con el paradero del asesino. Esta misión le costó más de medio año de su tiempo, 20 mil pesos que financió el Gobierno del Estado y 5 mil más del Ayuntamiento de Juárez, sin contar los gastos extra, el descuido de sus 3 hijos y su nieta que tenía un año 8 meses de edad cuando falleció Rubí.
Después de localizar al hombre que le arrebató la vida a su hija, esto con la única colaboración de la comitiva que enviaron para aprehender al asesino y que por razones aún desconocidas luego de su ubicación dejaran escapar, pronunció: “Ya me cansé de hacer su trabajo, ahora quiero que ellos lo hagan”.
La búsqueda de la aplicación de la Ley, más que de encontrar al culpable; el afán de hallar respuesta a su petición y de ser escuchada por las autoridades, le costó la vida y la elevó como el símbolo más puro de heroísmo femenino y matriarcal.
Sara Salazar: “la muerte en vida”
Por la misma vereda caminó Josefina Reyes Salazar, madre de Miguel Ángel Reyes, quien fuera detenido por fuerzas del orden federal por supuestamente pertenecer al crimen organizado. De manera simultánea, su madre se había sumado a una serie de protestas en contra de la presencia militar en el Valle de Juárez, además de mostrarse inconforme por la construcción de un tiradero nuclear en la zona fronteriza.
Después de la aprehensión de su hijo, Josefina Reyes Salazar inició diversas manifestaciones para lograr verlo, e incluso inició una huelga de hambre y varios plantones frente a las dependencias gubernamentales, al grito de justicia, hasta que su voz fue silenciada en enero del 2010, cuando fue asesinada luego de recibir amenazas de muerte.
En agosto de ese mismo año, Rubén Salazar Reyes, hermano de Josefina, fue también abatido por las balas, situación que se repitió con Magdalena y Elías Reyes Salazar y la esposa de éste, Luisa Ornelas Soto, quienes fueron secuestrados el 7 de febrero del 2011 y encontrados muertos semanas después cerca del municipio de Guadalupe, en el Valle de Juárez.
Para Sara Salazar Hernández la pérdida de 6 miembros de su familia significó la muerte en vida. Exigió entonces la respuesta y el esclarecimiento de los casos ante las autoridades, así como el apoyo de instancias derechohumanistas internacionales, para que se ordenaran procesos penales contra los responsables, entre los que con gran probabilidad, según afirma la misma familia, estarían involucrados agentes militares.
La fortaleza de la matriarca de 76 años logró captar la mirada de la comunidad mundial. Su lucha fuera de serie y el dolor que agentes externos le causaron por acallar el compromiso social de sus hijos, sobrepasó el carácter de cualquier mandatario o héroe legendario de los pueblos.
Como esta familia existen alrededor de 200 en el Valle de Juárez que permanecen en esta situación de amenaza, mencionó el primer visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en la frontera, Gustavo de la Rosa Hickerson, por lo que se han visto forzados a cambiar su lugar de residencia de manera forzada. Tal es el caso de Cipriana Jurado y Malú García Andrade, mujeres que se dedicaron a pugnar por las causas sociales y que hoy sufren el desamparo de su tierra.
El sacrificio de las madres de familia, ejemplo de servicio y valentía
En marzo del 2002 surge la asociación Justicia Para Nuestras Hijas, la cual en principio acogió a las familias que sufren la desaparición o asesinato de mujeres, fungiendo como agrupación investigadora y coadyuvante de los casos que han quedado inconclusos y que han frenado su curso debido a cambios en las dependencias, falta de pruebas o incompetencia de los operantes de la ley, desde ministerios públicos hasta jueces.
Ante la necesidad de encontrar respuesta a sus inquietudes y por la falta de seriedad y hasta descuido por parte de quienes llevan el caso, las madres de familia cumplen con un papel determinante para la resolución de los casos, pero también sufren las consecuencias, los malos tratos y las amenazas por parte de sus opositores, hasta el punto de perder en el mejor de los casos el tiempo, y en el peor, la vida misma.
Madres de jóvenes desaparecidas y asesinadas harán justicia, ¡Ni una más!
Para Francisca Corrales el no poder dar cristiana sepultura a su hija se ha convertido en la peor pesadilla. A 4 años del asesinato de Cecilia Jazmín Chavarría Corrales, su madre sólo busca encontrar los restos de su joven hija para ofrecerle la última oración en su nombre, situación que se ha impedido a causa de la omisión de Samuel Isidro Duarte Contreras, quien fuera pareja sentimental de Cecilia Jazmín y presunto culpable de su muerte.
La justicia se ha hecho a medias. Fue hasta hace un mes que el hombre, arraigado en su domicilio, fue aprehendido y consignado a las autoridades, sin embargo los restos de la mujer siguen sin encontrarse y el suplicio para Francisca se agranda.
En la misma situación de incertidumbre vive Consuelo Valenzuela, madre de Julieta Marleng, joven que desapareció hace 10 años sin que hasta la fecha se tenga rastro de ella. El expediente sigue intacto y que ante el cansancio de su búsqueda expresa “de qué sirve exigir, si de todos modos queda claro que no hacen nada” dice con lamento. Inició sus primeros seis meses de búsqueda y no apareció; dejó trabajo y toda actividad para dedicarse a encontrar a su hija y que a pesar del mínimo apoyo de las autoridades, tiene la esperanza de saber en dónde está, qué ha hecho este tiempo, qué vida ha llevado a tantos años de su ausencia.
Neyra Azucena Cervantes fue encontrada muerta en julio del 2003. Patricia Cervantes, su madre, no ha encontrado cobijo desde entonces y pese a que “ya el dolor está muy escondido” dice con la fortaleza, pretende dar con los responsables de la muerte de Neyra.
Su vientre está seco pero por fuera es un roble, dice en uno de sus tantos poemas dedicados a su hija mayor, en la que le da muestra de su compromiso y su entrega por hacer justicia en tanto quede con vida. “Porque sé que son varios y tienen que penar en la cárcel” menciona la madre de una de tantas mujeres asesinadas en Chihuahua.
Hoy, la lucha social la encabezan las madres de familia. El momento histórico cambia y con ello las inquietudes que ya no responden a una condición meramente económica, educativa o de oportunidades. Es ahora un grito distinto que acompaña el discurso de la mujer con un tono más determinante e incorruptible. El motivo de su lucha responde a la muerte de sus congéneres, de sus hijas, de sus hijos.
De acuerdo con el estudio que realiza el Colegio de la Frontera Norte (COLEF), se hace un extenso reclamo a las autoridades por no aplicar las estrategias adecuadas y, en vez de propiciar un verdadero cambio en la procuración de justicia, reinventar o sólo cambiar de nombre a las corporaciones policiacas, y orillar a modificar las investigaciones sin que existan verdaderos resultados.
La institución, a cargo de Julia Monárrez Fragoso, afirma que de 1993 al 2007 las mujeres asesinadas en la frontera sumaban 450. Desde hace 3 años, que se implementó la Operación Conjunta Chihuahua, han encontrado la muerte de manera dolosa 692 niñas, adolescentes y mujeres maduras, fenómeno que habla de la estrategia fallida del gobierno y sus dependencias por acabar el problema.
Ante la inoperancia de los agentes de seguridad y sus superiores, funcionarios y jefes de estado, son las mismas madres de jóvenes y niñas desaparecidas o asesinadas las que han emprendido la ardua tarea de buscar que se imparta la justicia. Son ellas quienes representan al órgano investigador y hasta sancionador al momento de apelar para que, teniendo a los responsables, se les apliquen penas más severas y justas, de acuerdo con su delito.
La muerte no es amenaza cuando se sigue el camino de la justicia
“Ahora mi hija no está, pero estoy yo para defender sus derechos”, pronunció Marisela Escobedo Ortiz, madre de Rubí Marisol Frayre Escobedo, meses antes de ser asesinada frente a Palacio de Gobierno.
Marisela comenzó a seguir sus propias conjeturas y unir cabos que la autoridad dejó sueltos en abril del 2010, luego de que los jueces Catalina Ochoa, Rafael Baudib y Netzahualcóyotl Zúñiga exoneraran a Rafael Barraza Bocanegra cuando ante el Tribunal de Garantía diera muestras explícitas de ser actor intelectual y material del asesinato de su pareja sentimental Rubí Frayre.
Desde ese momento, Marisela se hizo cargo y atendió frente a los tribunales, con un conocimiento y habilidad inigualables, casi tomando el papel de abogada coadyuvante, para dar con el paradero del asesino. Esta misión le costó más de medio año de su tiempo, 20 mil pesos que financió el Gobierno del Estado y 5 mil más del Ayuntamiento de Juárez, sin contar los gastos extra, el descuido de sus 3 hijos y su nieta que tenía un año 8 meses de edad cuando falleció Rubí.
Después de localizar al hombre que le arrebató la vida a su hija, esto con la única colaboración de la comitiva que enviaron para aprehender al asesino y que por razones aún desconocidas luego de su ubicación dejaran escapar, pronunció: “Ya me cansé de hacer su trabajo, ahora quiero que ellos lo hagan”.
La búsqueda de la aplicación de la Ley, más que de encontrar al culpable; el afán de hallar respuesta a su petición y de ser escuchada por las autoridades, le costó la vida y la elevó como el símbolo más puro de heroísmo femenino y matriarcal.
Sara Salazar: “la muerte en vida”
Por la misma vereda caminó Josefina Reyes Salazar, madre de Miguel Ángel Reyes, quien fuera detenido por fuerzas del orden federal por supuestamente pertenecer al crimen organizado. De manera simultánea, su madre se había sumado a una serie de protestas en contra de la presencia militar en el Valle de Juárez, además de mostrarse inconforme por la construcción de un tiradero nuclear en la zona fronteriza.
Después de la aprehensión de su hijo, Josefina Reyes Salazar inició diversas manifestaciones para lograr verlo, e incluso inició una huelga de hambre y varios plantones frente a las dependencias gubernamentales, al grito de justicia, hasta que su voz fue silenciada en enero del 2010, cuando fue asesinada luego de recibir amenazas de muerte.
En agosto de ese mismo año, Rubén Salazar Reyes, hermano de Josefina, fue también abatido por las balas, situación que se repitió con Magdalena y Elías Reyes Salazar y la esposa de éste, Luisa Ornelas Soto, quienes fueron secuestrados el 7 de febrero del 2011 y encontrados muertos semanas después cerca del municipio de Guadalupe, en el Valle de Juárez.
Para Sara Salazar Hernández la pérdida de 6 miembros de su familia significó la muerte en vida. Exigió entonces la respuesta y el esclarecimiento de los casos ante las autoridades, así como el apoyo de instancias derechohumanistas internacionales, para que se ordenaran procesos penales contra los responsables, entre los que con gran probabilidad, según afirma la misma familia, estarían involucrados agentes militares.
La fortaleza de la matriarca de 76 años logró captar la mirada de la comunidad mundial. Su lucha fuera de serie y el dolor que agentes externos le causaron por acallar el compromiso social de sus hijos, sobrepasó el carácter de cualquier mandatario o héroe legendario de los pueblos.
Como esta familia existen alrededor de 200 en el Valle de Juárez que permanecen en esta situación de amenaza, mencionó el primer visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en la frontera, Gustavo de la Rosa Hickerson, por lo que se han visto forzados a cambiar su lugar de residencia de manera forzada. Tal es el caso de Cipriana Jurado y Malú García Andrade, mujeres que se dedicaron a pugnar por las causas sociales y que hoy sufren el desamparo de su tierra.
El sacrificio de las madres de familia, ejemplo de servicio y valentía
En marzo del 2002 surge la asociación Justicia Para Nuestras Hijas, la cual en principio acogió a las familias que sufren la desaparición o asesinato de mujeres, fungiendo como agrupación investigadora y coadyuvante de los casos que han quedado inconclusos y que han frenado su curso debido a cambios en las dependencias, falta de pruebas o incompetencia de los operantes de la ley, desde ministerios públicos hasta jueces.
Ante la necesidad de encontrar respuesta a sus inquietudes y por la falta de seriedad y hasta descuido por parte de quienes llevan el caso, las madres de familia cumplen con un papel determinante para la resolución de los casos, pero también sufren las consecuencias, los malos tratos y las amenazas por parte de sus opositores, hasta el punto de perder en el mejor de los casos el tiempo, y en el peor, la vida misma.
Madres de jóvenes desaparecidas y asesinadas harán justicia, ¡Ni una más!
Para Francisca Corrales el no poder dar cristiana sepultura a su hija se ha convertido en la peor pesadilla. A 4 años del asesinato de Cecilia Jazmín Chavarría Corrales, su madre sólo busca encontrar los restos de su joven hija para ofrecerle la última oración en su nombre, situación que se ha impedido a causa de la omisión de Samuel Isidro Duarte Contreras, quien fuera pareja sentimental de Cecilia Jazmín y presunto culpable de su muerte.
La justicia se ha hecho a medias. Fue hasta hace un mes que el hombre, arraigado en su domicilio, fue aprehendido y consignado a las autoridades, sin embargo los restos de la mujer siguen sin encontrarse y el suplicio para Francisca se agranda.
En la misma situación de incertidumbre vive Consuelo Valenzuela, madre de Julieta Marleng, joven que desapareció hace 10 años sin que hasta la fecha se tenga rastro de ella. El expediente sigue intacto y que ante el cansancio de su búsqueda expresa “de qué sirve exigir, si de todos modos queda claro que no hacen nada” dice con lamento. Inició sus primeros seis meses de búsqueda y no apareció; dejó trabajo y toda actividad para dedicarse a encontrar a su hija y que a pesar del mínimo apoyo de las autoridades, tiene la esperanza de saber en dónde está, qué ha hecho este tiempo, qué vida ha llevado a tantos años de su ausencia.
Neyra Azucena Cervantes fue encontrada muerta en julio del 2003. Patricia Cervantes, su madre, no ha encontrado cobijo desde entonces y pese a que “ya el dolor está muy escondido” dice con la fortaleza, pretende dar con los responsables de la muerte de Neyra.
Su vientre está seco pero por fuera es un roble, dice en uno de sus tantos poemas dedicados a su hija mayor, en la que le da muestra de su compromiso y su entrega por hacer justicia en tanto quede con vida. “Porque sé que son varios y tienen que penar en la cárcel” menciona la madre de una de tantas mujeres asesinadas en Chihuahua.
No hay comentarios:
Publicar un comentario