Chihuahua, Chihuahua.- Ante la violencia, reincidencia delictiva e impunidad en el estado de Chihuahua, la coordinación de la Reforma Penal propuso ayer modificar leyes y obtener penas en un 300% más altas para los menores de edad, suprimir el perdón de la víctima en delitos dolosos, aumentar la sentencia en el delito de robo en todas sus modalidades, pero principalmente en el de automóviles, y limitar, en sólo una oportunidad, los acuerdos de reparación de daño.
Además en el caso de violencia intrafamiliar se buscará que se garantice la integridad de la víctima (quien ya no podrá dar el perdón voluntario) e imponer medidas restrictivas de acercamiento a su hogar, entorno laboral y lugares de visita de la persona ofendida, durante el proceso penal.
Estas propuestas serán presentadas para su aprobación en los próximos días ante el poder Legislativo local, con el objetivo de terminar con varias situaciones en la Nueva Reforma Penal que llevan a la fácil libertad de delincuentes reincidentes, además de corregir la falta de garantías y protección de los denunciantes.
Lo anterior fue informado ayer por el coordinador penal César Cabello Ramírez, quien expresó que estas propuestas nacen de la ola delictiva incrementada en los últimos dos años, en los cuales muchos de los delincuentes han entrado por "una puerta giratoria" al sistema penal y salido fácilmente.
El funcionario estatal informó que se propone eliminar el perdón de la víctima hacia el delincuente, ya que actualmente el acusado tiene la posibilidad de eliminar los cargos en su contra, gracias a que el ofendido lo perdona ante la ley.
Sin embargo, explicó Cabello Ramírez, se busca que la víctima no sea hostigada por el delincuente, ya que en caso de que lo perdone ante la presión de amenazas, la justicia no lo tomará en cuenta y continuará con el juicio correspondiente.Considerando al delito de robo como el de más alto impacto en la sociedad chihuahuense, -en todas sus modalidades, pero principalmente el de automóviles, Cabello Ramírez dijo que ello permitirá que los delincuentes sean juzgados mejor y evitar la reincidencia.
"El objetivo es que se suspenda el perdón voluntario para que el asunto penal sea llevado hasta un juez, para obtener primero una medida cautelar de prisión preventiva y posteriormente, una sentencia justa", expresó Cabello Ramírez.Respecto a las penas para los menores de edad se propone que éstas sean aumentadas de 5 a 15 años de prisión en el caso de delitos de alto impacto, como homicidio, secuestro a los jóvenes menores de 18 años y mayores de 16; mientras que para los adolescentes de más de 14 años, las penas suban de 2 a 10 años de cárcel.
En el caso de la violencia intrafamiliar, el Gobierno del Estado propone implementar la prohibición total del agresor a su víctima (generalmente mujer), por lo cual el acusado no podría acercarse a la casa, entorno laboral y lugares de visita de la persona ofendida, logrando así una garantía para que no sea presionada o amenazada.
Durante la información dada también se tocó el tema de otros delitos del fuero común como la extorsión y el secuestro, en los cuales también se buscará ante todo la protección de la víctima y un juicio obligatorio al presunto delincuente.
Otros de los puntos a modificar es evitar un exceso en los acuerdos de reparación de daño causado, por lo cual se propone que éste exista sólo una vez en cada persona imputada, es decir, el delincuente no tendrá la opción de comprometerse a reparar el daño cada vez que sea detenido, sino que se aplicará un juicio y se mantendrá un constante récord delictivo.
"Se trata de evitar que los acuerdos reparatorios se den sucesivamente, ya que actualmente es una viabilidad para quien ha cometido un delito como el de daños a terceros, para evitar la sensación de una puerta giratoria donde el delincuente sólo se pasea por el sistema penitenciario. Al tener un registro que señale que la persona imputada ya logró una previa reparación de daños, ahora se busca que automáticamente se le imputen cargos por el delito correspondiente y se le lleve a un juicio", explicó Cabello Ramírez.
Asimismo se propuso que las penas aumenten a por lo menos 3 años para un delito del fuero común, sin el beneficio de condena condicional para el robo, además de procedimientos más cortos para evitar la saturación de casos en proceso.
De esta manera, el Estado busca dar respuesta a la inconformidad social, por la impunidad que representa la involuntaria falta de precisión en la ley actual con respecto al número de ocasiones en que se puede autorizar la reparación del daño, además de las posibles presiones que el ofendido o la víctima puedan recibir para otorgar el perdón.
La cancelación de la repetición de reparación del daño busca terminar con el fenómeno conocido como "puerta giratoria", que permite la liberación de un procesado aún cuando sea reincidente, basada en las disposiciones de los códigos Civil, de Procedimientos Civiles, Leyes de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, de Justicia Especial para Menores Infractores, de Justicia Alternativa y de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito.
Otro de los puntos a cambiar es que la prisión preventiva se extienda a dos años, ya que actualmente se contempla sólo uno y permite al procesado obtener un arraigo domiciliario, en caso de que no se resuelva su asunto jurídicamente, en doce meses.
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