El Heraldo
Chihuahua, Chihuahua.- Desde 1998, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al entonces gobernador del estado Francisco Barrio, para investigar a Arturo Chávez Chávez, entonces Procurador de Justicia del Estado por la falta de colaboración de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua en el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y Chihuahua.
Y es que en diciembre de 1997, la CNDH recibió una queja de la diputada federal Alma Angélica Vucovich Seele, mediante la cual narró 36 crímenes cometidos de manera brutal en Ciudad Juárez en contra de diferentes mujeres, en el periodo comprendido de junio a diciembre de 1996 y durante 1997, abriéndose el expediente de queja CNDH/122/97/CHIH/8063.
Con la presentación del escrito de queja, la diputada solicitó la intervención de la CNDH con el propósito de que se investigaran los casos referidos, los cuales, según lo dicho, la PGJE no había aclarado ni sancionado a los culpables.
En la recomendación 044/1998 de la CNDH a Francisco Barrio Terrazas, entonces gobernador del estado, se le pide ordenar que se realizaran los trámites o gestiones correspondientes a fin de investigar todo lo concerniente con respecto al desempeño de funciones de Arturo Chávez Chávez, quien entonces era Procurador General de Justicia del Estado de Chihuahua.Además que se inicie un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de Luis Raúl Valenzuela, entonces jefe de enlace de la PGJE por los actos de omisiones en los casos.
De la misma manera se pide el inicio de un procedimiento administrativo de investigación, a fin de determinar la responsabilidad en que incurrieron los entonces: Subprocurador General de Justicia de la Zona Norte, en Ciudad Juárez, el coordinador regional y la jefa de Averiguaciones Previas y entonces coordinadora de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales, así como agentes del Ministerio Público, personal del área de Servicios Periciales, y Policía Judicial que haya intervenido en la integración de las averiguaciones previas.
De lo que se les responsabiliza es de una serie de violaciones a varios artículos de la Constitución Mexicana, código de conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre otras.
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