sábado, 5 de diciembre de 2009

Sorprende a IP vinculación de Leo López con el narco

El Heraldo
Chihuahua, Chihuahua.- La información difundida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la que se vincula al empresario Leopoldo Antonio López Grayeb con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, generó sorpresa en los sectores empresariales locales y de la sociedad en general, además, las autoridades locales dijeron desconocer datos sobre la investigación que se realiza por parte de las autoridades del vecino país del norte.

La medida que adoptó el gobierno estadounidense fue la de congelar en automático los bienes de López Grayeb en aquel país, al igual que los de otros empresarios mencionados en la investigación.El hecho generó sorpresa en los diferentes sectores de la sociedad, pues la iniciativa privada, en voz de Ramiro Arroyos Piñón, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, señaló que se trata de un empresario conocido desde hace varios años, por eso llama la atención que se le relacione con el crimen organizado.

"El sólo hecho de que aparezca su nombre nos extraña, más por los años que ha marcado el señor López en Chihuahua", añadió el líder de la Canaco.Por su parte César Chávez Zapata, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, expuso que debe preocupar que cualquier empresario esté relacionado con este tipo de situaciones, pero hay que esperar en este caso, pues es algo que debe ser resuelto por la autoridad.

"No tengo argumentos para opinar al respecto", dijo el líder de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.La Procuraduría General de la República, de manera oficial dijo desconocer datos sobre la investigación que lleva a cabo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre la persona de Leopoldo López Grayeb y, que por su parte no lleva acción alguna relacionada con las actividades del empresario avecindado en Chihuahua desde hace varios años.

En la misma postura se manifestaron las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado.En tanto, la oficina administrativa del Aeropuerto Internacional Roberto Fierro informó que la relación con el empresario era sólo por el arrendamiento del hangar, pero no proporcionaron mayor información. Este sitio funcionaba para albergar la escuela de aviación que lleva por nombre Leo López.

"No sabemos de él, sólo renta uno de los hangares", dijo uno de los funcionarios, que no explicó si el lugar está en operaciones, o sobre los últimos pagos que se efectuaron como parte del contrato.Además, la comandancia del mismo puerto aéreo prefirió no recibir a los representantes de este medio de comunicación, al señalar que "el comandante Padilla se encontraba en una junta de trabajo". "Nosotros no tenemos relación con ese asunto, es más bien con el área administrativa del aeropuerto", dijo otro de los funcionarios de la misma comandancia.

Desde que entró en vigor en Estados Unidos la Ley de Designación de Narcotraficantes Internacionales, en el año 2000, han sido varias personas y empresas mexicanas las que han sido señaladas.Esta ley permite al presidente norteamericano, por conducto del Departamento del Tesoro, señalar públicamente a personas de cualquier país consideradas como jefes o colaboradores de grupos del narcotráfico.

En este acto, la persona es incluida en una lista y se congelan en automático, sin un proceso judicial previo, todos sus bienes y activos, por lo que las personas y empresas de EU no pueden hacer transacciones comerciales con los designados.También pueden señalarse personas morales, tales como empresas o asociaciones relacionadas con narcotraficantes, con lo que los bienes a nombre de estas personas morales también son congelados.

Además, eventualmente, y en un proceso separado, el Departamento de Justicia de EU podría presentar cargos criminales ante las cortes de ese país contra las personas "designadas" y solicitar su arresto y extradición.Dichas designaciones no tienen efecto automático en México, pues para actuar es necesario que la Procuraduría General de la República inicie la averiguación previa correspondiente y, en su caso, ordene el aseguramiento de bienes o cuentas en territorio nacional.

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