Chihuahua, Chihuahua.- Un combate frontal a las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, robo de vehículos, secuestro y trata de personas, por parte de las fuerzas policiacas en el estado de Chihuahua, iniciará este jueves con la aprobación de las iniciativas para la creación de la Ley Estatal de Extinción de Dominio y las reformas que integran la Ley Estatal en contra del Narcomenudeo, durante la sesión legislativa que se efectuará en Juárez.
Indicó el diputado Fernando Rodríguez, líder parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que ambos instrumentos legales recibirán el voto a favor de todas las fracciones que componen al Congreso del Estado, toda vez que se persigue su pronta aplicación para el fortalecimiento de las acciones contra la inseguridad.
Señaló que aunque todavía no hay un presupuesto destinado para ambos ordenamientos, se espera una novedosa actuación judicial para la incautación de bienes usados como instrumento para la comisión de un delito, para ocultar bienes producto del delito, para que un tercero cometiese un delito e incluso bienes que se encuentran a nombre un familiar directo o indirecto cuya procedencia sea ilícita.
Así se pondría una prohibición para vender los bienes, la incautación o la inhabilitación para usarlos, además de su retención, aseguramiento o embargo por parte de un tribunal colegiado de jueces civiles, instancia que estará a cargo de la realización de los proceso jurídicos, de orden civil, necesarios para determinar la extinción de dominio.
Informó el legislador que se busca "golpear a la delincuencia donde más le duele", es decir, la estructura financiera que les permite el sustento de las actividades ilícitas y gozar de beneficios económicos en perjuicio de la vida de la sociedad chihuahuense. Explicó que la legislación contempla además investigar las asociaciones mercantiles que se sepa o se sospeche podría estar vinculadas con actividades delictivas.
Afirmó que conforme al proceso legislativo, ambas leyes entrarán en vigor una vez que sean publicadas en el Periódico Oficial del Estado."Ahora se requiere voluntad política para aplicar estas nuevas leyes a favor de los chihuahuenses", consideró en lo personal Roberto Lara, presidente de la Comisión de Justicia.Indicó el diputado que hoy martes se afinarán ambos documentos para concluir con su dictamen por parte de los integrantes de la mesa de análisis, quienes cerrarán el ciclo de las adecuaciones a la reforma penal con la aprobación de estas leyes, complementarias a los cambios realizados en los últimos meses al Nuevo Sistema de Justicia Penal.
En lo concerniente a la Ley Estatal en contra del Narcomenudeo, refirió que se procura una mayor coordinación y participación entre los cuerpos policiacos para la detección y clausura de los puntos de venta minoritaria de droga en los municipios de la entidad.Dijo que el interés es también propiciar la integración de la entidad al programa nacional para la prevención del consumo de drogas y el fortalecimiento de los centros de rehabilitación, así como para adoptar entre las policías estatales los atributos constitucionales que permiten investigar, perseguir y sancionar la venta minoritaria de estupefacientes.
Expuso que policías municipales son las que mayor conocimiento poseen sobre la ubicación de estos lugares y, por ende, son una fuente de información confiable para articular operativos que reduzcan los volúmenes de droga que se ofertan a los ciudadanos y se inhiba su consumo.Enfatizó que representa además la oportunidad de llenar los vacíos legales que le impiden a las fuerzas del orden locales inhibir la compra y venta minoritaria de estupefacientes, que está ocurriendo en escuelas, centros sociales y viviendas en las diversas colonias y asentamientos humanos de las poblaciones de Chihuahua.
Concluyó señalando que haciendo del narcomenudeo un delito común, "se acabarán los pretextos para reventar tienditas y picaderos".La aprobación de la Ley Estatal de Extinción de Dominio hará de esta entidad la segunda, a nivel nacional, en adoptar la reforma judicial impulsada por el gobierno del presidente Felipe Calderón el pasado 2007.
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