Iría a la cárcel el presidente municipal de Casas Grandes

EL PUEBLO

El presidente del Municipio de Casas Grandes, Luis Javier Mendoza Valdez, de extracción perredista, podría ir a la cárcel luego de enfrentar un procedimiento penal federal por los delitos de abuso de autoridad, falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad y lo que resulte.

Lo anterior en razón de haber mentido y ocultado información de suma relevancia solicitada por el juez Quinto de Distrito con residencia en ciudad Juárez, Chihuahua, información valiosa para el desarrollo de un juicio de amparo promovido por el abogado Saúl Martínez Natera a favor de siete ex policías que a primera hora del día 10 de Octubre de 2010, justo después de la toma de protesta del ahora alcalde, fueran despedidos de sus puestos.

De acuerdo con información del abogado defensor de los ex policías, el despido es “absurdo y sobretodo ilegal”. “Luis Javier Mendoza, haciendo uso abusivo la autoridad que recién había adquirido al notificarles en forma verbal y literal que sus bajas eran consecuencia de los compromisos políticos pactados por él mismo durante su campaña”, aseguró.

Al alcalde de Casas Grandes, no le importó dejar sin ingreso a siete familias de la noche a la mañana sólo para quedar bien parado ante sus colaboradores, pero sin ningún motivo o causa legal que justificara realmente el despido de dichos elementos de seguridad, los cuales, acababan de pasar por un proceso de dos meses de capacitación y actualización en conocimientos policiales adicionales a su academia.

“Este Amparo ya está ganado a favor de los siete policías”, dijo en entrevista Martínez Natera a esta casa editora, y añadió que “tuvimos que justificar la existencia de las bajas administrativas de que fueron objeto, ya que la documentación de estos despidos fue dolosamente ocultada por la administración municipal, en concreto por el presidente municipal y su director de seguridad pública Alonso Almeida Almeida, lo que nos obligó a solicitar por medio del Juzgado Quinto de Distrito el cotejo y compulsa de dichos documentos ante la Secretaria Estatal de Seguridad Pública, ya que con las que contaba la propia Presidencia Municipal fueron ocultadas y no fueron exhibidas por el presidente municipal en sus informes ante el juzgado donde en lugar de mostrarlas, negó los hechos del despido ante la mencionada autoridad federal, todo por evadir su responsabilidad de liquidarlos conforme a la ley”.

Dijo que lo anterior evidencia a toda luz la existencia del delito de abuso de autoridad, falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad y los que le resulten, tomando en cuenta que este tipo de delitos son castigados mayormente cuando son cometidos por servidores públicos, en este caso el Presidente Municipal como autoridad ordenadora y el Director de Seguridad Publica como autoridad ejecutora.

Saúl Martínez Natera, afirmó que el Código Penal Federal es muy claro en ese sentido y a la letra dice en su artículo 247, en su fracción V: “Se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa: Al que en juicio de amparo rinda informes como autoridad responsable, en los que afirmare una falsedad o negare la verdad en todo o en parte. Por lo cual en breve se estará solicitando se dé inicio a la averiguación previa correspondiente ante el agente del ministerio público federal, en razón de que arteramente falsearon y ocultaron información valiosa ante el juez de distrito”.

Esta parte de la ley, dio lugar a formular la denuncia correspondiente y “estamos en espera de que el Ministerio Público Federal haga lo suyo y por nuestra parte tramitar el debido cumplimiento de lo ordenado en el juicio de Amparo que ya ganaron los siete policías, es decir el pago de su liquidación, ya que en este punto no queda lugar para convenios baratos y ventajosos”.