Chihuahua, Chihuahua.- La Procuraduría General de Justicia del Estado reveló que la videograbación donde se observan los hechos violentos suscitados el pasado 15 de marzo, por una cámara de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal ubicada en Creel, se filtró a una televisora por parte de una de las organizaciones de narcotraficantes que operan en el estado de Chihuahua.
Así lo manifestó ayer Patricia González en una reunión con los líderes parlamentarios del Congreso del Estado, a quienes señaló que por ese motivo se investiga la posible vinculación de los operadores del aparato de grabación o las amenazas que habrían recibido para entregar el material audiovisual.
Fernando Álvarez, coordinador de la bancada de Acción Nacional, exteriorizó que durante el encuentro con la funcionaria estatal se puso de manifiesto que la intención de quienes filtraron el video a una televisora de cobertura nacional era enviarle un mensaje a sus rivales.Indicó el diputado que se planteó a los legisladores presentes que para lograr ese cometido, según lo informado por la institución de procuración de justicia, Enrique López Acosta, a quien apodan "el Cumbias", identificado como el líder de un comando armado en Creel, "amenazó o compró" a alguno de los elementos que operan el Centro de Mando que tiene en ese poblado la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
Señaló Álvarez que a los integrantes de la diputación se les presentaron resultados diversos en torno a la investigación que se inició a partir de la difusión del material videograbado, indicándoles que hay detenidos y varios vehículos asegurados de los que se muestran en el material que tenían reporte de robo.Declaró que a la procuradora Patricia González se le preguntó sobre los protocolos para la atención de este tipo de casos, más que de la filmación y difusión de las imágenes que pudieron observarse a nivel internacional, el actuar de las corporaciones de Seguridad Pública Municipal, Estatal y Federal.
Dijo Álvarez que la respuesta de la funcionaria es que ese tipo de mando escapa a sus funciones de procuración de justicia."Expresó que al momento nadie quiso entrarle por la inferioridad numérica de los elementos policiacos en comparación con los integrantes del comando armado que se muestran en el video", refirió el legislador de Acción Nacional.Víctor Quintana, representante del Partido de la Revolución Democrática, coincidió en lo declarado por su homólogo blanquiazul, aunque expresando que resulta preocupante que el poder del crimen organizado en la entidad llegue al punto de que para sus integrantes es fácil amedrentar a las autoridades.
Indicó que la procuradora les refirió que por ese motivo los agentes involucrados se encuentran bajo investigación a fin de deslindar responsabilidades por lo ocurrido, bajo el cargo de desempeño indebido de funciones."Nos expuso la realidad de que el Ejército se retiró hace un año de Creel y que al momento de efectuarse la grabación eran quince los policías municipales y estatales que estaban en la zona, en comparación a los 50 que aparecen en el video como parte de la organización criminal", refirió Quintana.
Señaló que entre las conclusiones alcanzadas se encuentra la certeza de que la pugna por el mercado de las drogas seguirá por varios años más, toda vez que las estrategias anti crimen siguen sin ofrecer resultados importantes en contra de este tipo de delincuencia.Sin riesgos rumbo al 4 de julioAmbos legisladores señalaron que Patricia González les expresó que en su percepción no hay riesgos importantes en torno a la cooptación del voto a través de la violencia el próximo cuatro de julio.
"Indicó que no hay riesgos para la elección", afirmó Álvarez.Afirmó que la funcionaria les compartió que por el momento se toman en cuenta aquellas zonas de mayores conflictos.En tanto, Quintana argumentó que la propuesta a la autoridad fue entonces seguir vigilando aquellos focos amarillos que son señalados por causa de la delincuencia presente en los municipios."No se puede negar que puede haber una acción que ponga en peligro a la población", manifestó el perredista.
Concluyó señalando que por ese motivo se solicitó implementar un aparato de comunicación entre los poderes del estado de Chihuahua para poder responder con mayor eficiencia a las necesidades de seguridad pública durante los tiempos electorales.
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