sábado, 11 de febrero de 2012

Descalificaron a los testigos

EL HERALDO

Los tres acusados solicitan a Antonio Hernández como abogado que solicitó un careo con los testigos que los inculparon, argumentando que éstos eran muy cercanos al occiso, por lo que sus declaraciones estaban influenciadas por su forma de pensar en el aspecto religioso.

El abogado Antonio Hernández solicitó un careo, pues consideró que había inconsistencias en las declaraciones de los testigos y los detenidos. A pesar de que los tres acusados habían acordado que tendrían el mismo defensor, Andrés Rivera revoca el nombramiento y designa como nuevo abogado a Tomás Paredes.

En los careos, los acusados buscan la manera de desvanecer las evidencias argumentando que no traían pistola o que no se encontraban en el lugar cuando lo golpearon, una de las estrategias que utilizó Andrés Rivera fue el formular preguntas a cada uno de los testigos con el fin de restar valor e imparcialidad a sus acusadores.

Argumentaron que los testigos tenían una relación muy cercana de amistad con el Padre Maldonado, por lo que sus acusaciones coincidían con la forma de pensar y en el aspecto religioso.

En otro plano, mientras avanzaba el proceso judicial, el 14 de noviembre de 1938 presidentes y secretarios de los comités ejidales de las regiones de Riva Palacio, Cuauhtémoc, Gran Morelos y General Trías, envían una carta al Gobernador del Estado en defensa de los tres acusados, argumentando que los hechos ocurrieron el 10 de febrero de 1937 y hasta la fecha no se ha podido determinar quiénes fueron los causantes y a pesar de que los testigos los acusan de tal crimen, negaron que estos individuos se hayan mezclado en la muerte del presbítero, pues los conocían desde hace muchos años como honrados y trabajadores.

Acentuaron que todos los actos que realizaron Rivera, Salcido y Frescas fueron conforme lo estipulaba la ley establecida y no cometiendo asesinatos como afirmaron sus enemigos que son los mismos que atacan el movimiento social de la revolución y la administración del Gobierno.

El 16 de noviembre de 1938, los abogados de los acusados solicitan su libertad bajo fianza exponiendo que fue claro que éstos no tuvieron nada que ver con el asesinato de Pedro Maldonado.

Para el 28 de agosto de 1939 se pone en libertad a Andrés Rivera por estar desvanecidos los datos de su participación en la muerte del Padre Maldonado, por lo que el juez calificó las acusaciones como acompañadas de vicio, teniendo así escaso valor probatorio.

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