EL HRALDO
Chihuahua, Chihuahua.- Los tres magistrados del tribunal oral que liberó al homicida Sergio Barraza, Rafael Boudid, Catalina Ochoa y Netzahualcóyotl Zúñiga, reprobaron sus exámenes para ser jueces del Nuevo Sistema de Justicia en Chihuahua capital en el año 2006, pero en Juárez sí fueron contratados por el Supremo Tribunal de Justicia.
Las calificaciones de los juzgadores fueron reprobatorias cuando concursaron por las plazas en el Distrito Morelos, meses antes de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que comenzó a operar en 2007, pero en el Distrito Bravos, un año después, pese a la oposición de seleccionadores de personal, el Poder Judicial decidió contratarlos, en desacuerdo con el Poder Ejecutivo y organizaciones civiles que protestaron en privado por su designación.
Funcionarios de primer nivel del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial que participaron en la selección del personal que operaría el Nuevo Sistema de Justicia Penal revelaron que los magistrados que conformaron el tribunal oral fueron sometidos a evaluaciones en Chihuahua, pero al no poder ingresar por los resultados obtenidos lo hicieron en Juárez, donde sí lograron una plaza.
En la selección del personal operador de la reforma penal -jueces, agentes del Ministerio Público, defensores públicos y asistentes de juzgados- participaron representantes del Congreso del Estado, del Ejecutivo estatal, del Supremo Tribunal de Justicia y organizaciones de la sociedad civil a través de la Fundación Proderecho, que es auspiciada por especialistas del ramo penal de Estados Unidos.
Los seleccionadores, que pidieron mantener bajo reserva la fuente, dieron a conocer que en algunos de los casos de rechazo, en especial el de Rafael Boudid Sánchez, el entonces magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, José Chávez Aragón, renegó por no haber sido aceptado.Posteriormente, dijeron, en Juárez se opuso el funcionario a que siguiera siendo una mesa interinstitucional la que decidiera cuáles aspirantes a jueces eran aptos para el sistema penal que estaba por ponerse en marcha y cuáles no, debido a que esa facultad estaba expresamente otorgada al pleno del Supremo Tribunal de Justicia.
"Lo cierto es que la juez Catalina Ochoa no estaba apta para el puesto, no sabía de qué se trataba la reforma penal ni tenía idea de lo que sería su trabajo", dijo una de las funcionarias de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, que siempre rechazó las sentencias dictadas por la juzgadora.
"En el caso de Boudid la trampa que hizo lo dice todo, copió una sentencia tal cual, que fue detectada por quienes le aplicaban el examen", reveló otro de los funcionarios que participó en la mesa interinstitucional de selección del personal, quien se pronunció en contra de permitir que el Poder Judicial siguiera con el método tradicional de elección de los jueces debido a los vicios del organismo.
Los tres jueces lograron su puesto en Juárez, después de haber sido rechazados en Chihuahua, cuando el Supremo Tribunal de Justicia reclamó la facultad exclusiva de nombrar a los juzgadores, por lo que quienes reprobaron en la capital pudieron entrar a los tribunales del Distrito Judicial Bravos y de otros en el estado.La razón por la que nunca fue pública la lista de reprobados, de acuerdo con las fuentes consultadas, fue que se acordó mantenerla bajo reserva para no afectar su imagen, por lo que sólo se dieron a la publicidad las listas de los aspirantes aceptados, más no las de rechazados.
EL CASO RUBÍ-MARISELA
Respecto al caso de Rubí Marisol, donde el homicida confeso Sergio Rafael Barraza Bocanegra fue dejado en libertad por el tribunal conformado por Ochoa, Boudid y Zúñiga, los funcionarios estatales precisaron que se inició una investigación por su proceder "contra el sentido común", pues ya no estaba en discusión si el ahora prófugo era responsable o no del crimen, sino la cantidad de años que se le impondría como condena.
El defensor público, reveló uno de los funcionarios de la ahora Fiscalía General del Estado, buscó ante la parte acusadora llegar a un procedimiento abreviado con la posibilidad de que le dieran 20 años, pero el Ministerio Público optó por el juicio, dado que estaban firmes todos los elementos de prueba para pedir la pena máxima a un feminicida."Por lo tanto se llegó al juicio no a discutir si era el asesino o no, estaba claro que lo era; se llegó a discutir cuántos años se le darían de prisión, pero sin el mínimo sentido común los jueces fueron desechando cada una de las pruebas que presentaba el MP", afirmó la misma fuente.
Lo que se concluye del análisis que se ha hecho del proceder de los magistrados, dijo finalmente, es que no estaban preparados para el cargo de juzgadores de juicio oral, pero además que reflejaron problemas personales con la entonces Procuraduría de Justicia para emitir sus resoluciones, siendo el caso más lamentable el de Rubí Marisol, donde quedó libre el asesino confeso, y posteriormente murió su madre atacada de un balazo la noche del pasado jueves frente al Palacio de Gobierno.
